El crimen de los Urquijo: la pieza que la Transición no cerró
El 1 de agosto de 1980, los marqueses de Urquijo aparecieron muertos a tiros en su domicilio de Somosaguas. La versión oficial señaló a su yerno, Rafael Escobedo, como autor. Condenado, apareció ahorcado en su celda del Penal del Dueso el 27 de julio de 1988. La autopsia reveló 14 miligramos de cianuro puro en sus órganos. «A Rafi lo suicidaron», sostiene su abogado, Marcos García Montes.
Cuatro décadas después, la hija de los marqueses, Myriam de la Sierra, publicó en 2013 unas memorias donde admite no creer en la culpabilidad de su exmarido. García Montes afirma que en el crimen participaron «cuatro hombres y una mujer» y que fue una «chapuza criminal». Lo que vuelve a poner el caso en el foco es el rastro judicial: los jueces que instruyeron la muerte de Escobedo en Santoña –José Antonio Alonso y Fernando Grande-Marlaska– acabaron como ministros del Gobierno. Una casualidad que, para los analistas críticos, convierte el suceso en un posible hito silenciado de la Transición.
La sombra de la fusión bancaria
El marqués consorte de Urquijo se oponía a la fusión del Banco Urquijo con el Banco Hispano Americano. La documentación quemada tras el crimen alimenta las sospechas. El abogado dice tener un casquillo del calibre 22 como amuleto desde 1983, regalado por alguien vinculado al caso. Con el silencio del principal investigador, Juan Rada, las preguntas siguen abiertas.