El pucherazo anunciado que la oposición deja correr
Cinco votos. Esa es la distancia que, según la tesis que circula estos días, separa al presunto pucherazo electoral del año que viene de la moción de censura que debería detenerlo. Con la atención pública puesta en Ceuta, la denuncia avanza por otra vía: la del rumor, la del «todo el mundo lo sabe y nadie lo lleva a un juzgado». Sobre la mesa hay tres vectores de sospecha y una pregunta incómoda: si quien dice tener la llave no la usa, ¿es que no puede o es que no le interesa?
Tres maneras de torcer el censo electoral
El relato más repetido distingue tres puertas de entrada al embeleco. La primera, la conocida como ley de nietos: votos emitidos desde el extranjero, con vínculo administrativo y a veces ninguna relación real con el país. La segunda, el voto por correo, descrito como un circuito sin trazabilidad efectiva entre la papeleta y la urna. La tercera, el recuento final, que en última instancia pasa por sistemas y empresas privadas. Quienes sostienen esta tesis admiten que basta con activar una sola vía para que el resultado quede contaminado. Y admiten también, aunque lo digan más bajo, que hoy no existe ninguna resolución que respalde la acusación.
El silencio de la oposición como prueba
La parte más incómoda del diagnóstico no señala al Gobierno, sino a quien dice combatirlo. Se argumenta que PP y VOX tienen motivos sobrados para registrar una moción de censura y no lo hacen; que la dirección popular calcula que el nuevo censo le beneficia frente a VOX; y que una parte de la prensa denuncia lo que ningún cargo electo verbaliza en el hemiciclo. En el otro platillo, la cautela: convertir sospechas sin sustanciar en mayoría parlamentaria es un salto que ningún grupo ha querido dar.
El único número que nadie discute es un cero: mociones de censura presentadas.