Ana Botín Santander pide regularizar más forasteros: «Más población, más clientes»

El negocio de la inmigración según Ana Botín: clientes nuevos, costes viejos​

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, volvió a poner sobre la mesa un tema que incomoda a la izquierda ideológica pero encanta a la izquierda empresarial: la regularización masiva de inmigrantes. Su argumento fue directo: más población significa más clientes. En un contexto de estancamiento demográfico y tensiones en el mercado laboral, la banca no esconde su apetito por ampliar la base de consumidores. Pero la propuesta ha reabierto el debate sobre quién gana y quién pierde con la inmigración.

El lobby del IBEX por la mano de obra barata​

No es solo el Santander. Grandes empresas del IBEX, la patronal y sectores como la hostelería y la gran distribución llevan años presionando para flexibilizar los flujos migratorios. Detrás hay una lógica capitalista impecable: más oferta de trabajadores presiona los salarios a la baja, y más población eleva el consumo. Como resumió un analista, "todos los empresarios sin excepción están encantados". Hasta el Estado, vía más cotizantes a la Seguridad Social, y los propietarios de viviendas, que ven subir los alquileres, salen beneficiados en el corto plazo. ¿Quién paga la fiesta? El asalariado medio, especialmente en sectores no cualificados, y el contribuyente que soporta la presión sobre servicios públicos ya saturados.

Sanidad, vivienda y salarios: los costes ocultos​

Los críticos de la regularización masiva señalan los efectos colaterales. Un ejemplo concreto: en la sanidad pública, los tiempos de espera se han disparado. Mientras que hasta 2019 se conseguía cita con el médico de familia al día siguiente, ahora la primera cita presencial disponible puede ser para el 28 de febrero, con semanas de demora. La llegada de profesionales migrantes ha aliviado parcialmente el sistema, pero no compensa la mayor demanda. En vivienda, la presión es aún más evidente: las grandes ciudades están masificadas mientras la España vaciada se despuebla. Quienes defienden el freno a la inmigración argumentan que sin ella bajarían los precios de los pisos y los alquileres, aumentaría el poder adquisitivo de los salarios y se reduciría la sobresaturación de colegios y ambulatorios. Un escenario que choca de frente con los intereses de los grandes patrimonios inmobiliarios y financieros.

La convergencia de izquierdas y derechas contra el ciudadano medio​

Una de las paradojas del debate es que la posición de Botín y de la gran empresa coincide con la de los partidos de izquierda, que tradicionalmente defienden la acogida migratoria. "Aquí nadie vota por ideología sino por intereses", resume un análisis recurrente. A los liberales les interesa la inmigración porque abarata la mano de obra; a los funcionarios, pensionistas y votantes de izquierda, porque sostiene el gasto público. El ciudadano medio, el que compite directamente con los recién llegados por el puesto de trabajo y la vivienda, queda atrapado entre dos fuegos. La vieja dicotomía derecha-izquierda se difumina: ahora el eje es patriotismo versus globalismo, o, más llanamente, ricos contra pobres.

La propuesta de Botín no es nueva, pero su crudeza al expresarla ha reabierto una brecha que ningún gobierno quiere abordar de frente. Regularizar a millones de personas puede maquillar las cuentas del PIB y los balances bancarios; el debate sobre quién asume el coste real de la jugada sigue sin respuesta.