Aparecen vandalizadas las máquinas perforadoras que comenzaron a trabajar ayer en el Valle de los Caídos

Aparecen vandalizadas las máquinas perforadoras del Valle de los Caídos​

La madrugada del segundo día de obras en la explanada del Valle de los Caídos ha sido todo menos tranquila. Cuando los operarios llegaron a primera hora, se encontraron con las dos máquinas perforadoras —que apenas 24 horas antes habían comenzado a taladrar el terreno frente a la basílica— completamente destrozadas. «Están reventadas», resumió un testigo. Los equipos amanecían con pintadas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del plan de «resignificación» del monumento funerario.

Los hechos: sabotaje exprés​

Las perforadoras, alquiladas para ejecutar las primeras catas del proyecto, apenas habían trabajado unas horas. Según las informaciones que circulan, no se habían instalado medidas de vigilancia más allá de la valla perimetral. Los autores actuaron durante la madrugada, accediendo desde la Hospedería del recinto o saltando la valla, y en poco tiempo inutilizaron la maquinaria. Además de los daños materiales, dejaron pintadas de claro contenido político. Fuentes de la Comunidad Benedictina, propietaria del inmueble, han lamentado los hechos y los han calificado de incompatibles con el respeto a las personas y los bienes públicos.

Dos lecturas del ataque​

En el análisis de lo sucedido chocan dos interpretaciones. Por un lado, hay quien defiende el sabotaje como una acción de «defensa del patrimonio»: consideran que el proyecto de vaciar la explanada y construir un gran agujero a los pies de la basílica es una destrucción deliberada del monumento. Para ellos, las máquinas eran el instrumento de ese atropello, y su inutilización un acto cívico necesario. Por otro lado, se extiende la sospecha de que el gobierno habría buscado una provocación: el ataque se produjo justo el día de la visita del Papa, sin que las obras tuvieran las licencias necesarias. La coincidencia alimenta la teoría de la «falsa bandera»: generar un escenario de violencia para acelerar el discurso de la «resignificación» y justificar una respuesta más dura.

El trasfondo legal y eclesiástico​

El proyecto de «resignificación» carece, según numerosas voces, de los permisos preceptivos. La basílica sigue siendo un lugar de culto activo, y cualquier intervención debería contar con el visto bueno de la Comunidad Benedictina, que ya ha mostrado su rechazo. La congregación no solo ha condenado el vandalismo, sino que ha recordado que la falta de respeto a las instituciones y bienes públicos viene precisamente de quienes llevaron las máquinas sin el debido proceso. «Sin que nos conste que se hayan seguido los trámites», señaló un portavoz. La obra, que incluye desmontar la escalinata y excavar un enorme hoyo, supondría una alteración radical del conjunto monumental.

El proyecto que divide​

El ganador del concurso para la resignificación plantea un agujero gigantesco a la entrada de la basílica, que impediría el acceso durante años y, según sus detractores, pondría en riesgo la estabilidad de la estructura. «Con un poco de suerte y unas vibraciones, lo mismo se viene abajo», se ironiza en algunos análisis. La cruz que corona el monumento se ha convertido en el símbolo de la disputa: para unos, representa la reconciliación; para otros, la imposición franquista. Mientras, el coste de la operación —tanto económico como político— sigue sin cuantificarse oficialmente.

El resultado inmediato del sabotaje es la paralización de las obras y la probable instalación de vigilancia permanente. Pero el choque de fondo —entre el derecho a intervenir el espacio público y la defensa del patrimonio— queda sin resolver. Y en el centro, unas máquinas reventadas que cuentan una historia mucho más larga que la de una noche de vandalismo.