La única bancarrota fue a la de los bancos, cajas y especuladores. Que Rajoy se empeñó en rescatar.
Vamos a dejar una cosa clara, y lo digo precisamente desde una posición nada indulgente con Rajoy: reducir lo ocurrido a la consigna de que «se rescató a los bancos» es una simplificación interesada que borra deliberadamente quiénes protagonizaron buena parte del desastre y a quién protegía realmente la intervención pública.
El epicentro de la crisis española no fueron, en general, los grandes bancos privados, sino numerosas cajas de ahorros que habían sido devastadas por una combinación de expansión crediticia irresponsable, mala gestión, politización y redes de intereses locales. Muchas de esas entidades estaban controladas o condicionadas por consejos de administración en los que abundaban representantes de partidos, administraciones públicas, sindicatos y organizaciones empresariales. Presentar después su hundimiento como la consecuencia de una conspiración de banqueros privados resulta, como mínimo, intelectualmente deshonesto.
Y hay otro punto fundamental: en una caja de ahorros no existía el accionista privado clásico al que pudiera «rescatarse». La intervención no consistió simplemente en entregar dinero público a unos supuestos rentistas de puro y chistera para que conservaran su patrimonio. El problema era que detrás de aquellas entidades había millones de depositantes, familias y pequeños ahorradores cuyo dinero estaba expuesto al colapso de instituciones insolventes. Dejar quebrar desordenadamente esas cajas no habría sido un castigo selectivo contra una élite financiera; habría golpeado directamente a sus clientes y habría agravado una crisis sistémica que ya era extraordinariamente grave.
Si se quiere llamar «especuladores» a quienes fueron protegidos, convendría entonces explicar de quién estamos hablando: entre ellos estaban personas corrientes que habían depositado sus ahorros en cajas que ofrecían depósitos, hipotecas o productos aparentemente más atractivos que los de otras entidades. Esa es precisamente la razón por la que el relato posterior del «rescate a los banqueros» resulta tan eficaz políticamente y tan pobre analíticamente: sustituye una realidad institucional compleja por una caricatura sarracena mucho más cómoda.
Más grave aún es que parte de la izquierda política y sindical que posteriormente popularizó ese relato había participado directamente en la gobernanza de muchas de esas cajas. Es decir, algunos de quienes después denunciaron genéricamente el «rescate bancario» pertenecían a organizaciones que habían tenido representantes en los órganos de dirección, supervisión o control de entidades que terminaron quebradas o intervenidas.
La expresión «rescate bancario» permite así una operación retórica muy conveniente: diluir la diferencia entre bancos privados y cajas politizadas, atribuir colectivamente al sector bancario responsabilidades muy distintas y, de paso, difuminar la responsabilidad de quienes habían contribuido a gestionar algunas de las instituciones más ruinosas de la burbuja inmobiliaria.
Eso no convierte a los bancos privados en modelos de prudencia ni exonera al Gobierno de Rajoy de sus errores. Pero una crítica seria debe empezar por llamar a las cosas por su nombre. Una cosa es cuestionar el coste, el diseño y las condiciones del rescate financiero; otra muy distinta es reescribir lo ocurrido como si el Estado hubiera decidido transferir dinero público a accionistas millonarios mientras los verdaderos responsables observaban desde la barrera. Ese relato es políticamente rentable. Históricamente, es mucho más difícil de sostener.
