Corrupción: Audio del clan Los Rocho: amenazas contra juez

Un miembro del clan de Los Rocho confiesa el plan contra la juez​

Una confesión atribuida a un miembro del clan de Los Rocho pone sobre la mesa un plan que suena a guion de serie barata: acabar con la vida de la juez que instruye el caso del hermano de Sánchez. La confesión, recogida por El Debate, no llega sola. Llega con un detalle que descoloca a cualquiera que haya seguido el asunto: el pago por el trabajo habría sido, supuestamente, un cupón de la ONCE premiado. Un sicario cobrando en décimos. Si esto fuera una novela negra, el editor la devolvería por inverosímil.

De la carta a la ciudadanía al supuesto sabotaje judicial​

El material sitúa el origen de la trama en la carta a la ciudadanía que Pedro Sánchez publicó en 2024, cuando anunció que se encerraba cinco días para reflexionar. Aquella reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que entonces dijo que Sánchez se encerraba «para ver cómo triturar a los jueces», ha vuelto a circular con fuerza a raíz del llamado caso Leire. Según el relato que circula, el juez que investiga el asunto coloca esa carta como el punto de partida de una estructura destinada a sabotear investigaciones judiciales que afectaban al PSOE.

La conexión no es menor. Si la carta es el acta fundacional, el resto del relato encaja como un mecanismo de presión sobre jueces incómodos. Y ahí entra el clan de Los Rocho, cuyo nombre aparece ahora vinculado a un encargo que, de confirmarse, elevaría el caso a otra categoría: ya no se trataría de filtrar, presionar o desacreditar, sino de eliminar físicamente a quien instruye.

El precedente Royuela y la sombra de una trama organizada​

Hay quien sostiene que lo de los Royuela merece una segunda lectura. Que quizá no era tan disparatado como parecía en su momento. La comparación con el expediente Royuela, donde aparecían notas manuscritas atribuidas a Mena, sirve para trazar un paralelismo incómodo: una organización con objetivos definidos, jerarquía y métodos. En aquel caso, según el relato que circula, el padre de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, fue asesinado junto a otras tres personas que eran socios suyos. La hija inició entonces la única investigación judicial que se ha hecho sobre el asunto.

La pregunta que sobrevuela es si el PSOE ha intentado montar algo parecido, con menos medios y peor oficio. La respuesta que da una parte del análisis es que no hay comparación posible: poner de cabecilla a una figura como Leire no es lo mismo que poner a un elemento como Mena. La otra parte responde que la diferencia de nivel no exime de responsabilidad, sino que agrava la torpeza.

¿Por qué importa el cupón de la ONCE?​

El detalle del cupón premiado como forma de pago no es una anécdota simpática. Es la prueba de que el supuesto encargo se movía en un circuito amateur, casi doméstico. Un profesional de verdad no cobra en décimos. Y si el encargo era amateur, cabe preguntarse quién estaba detrás y por qué se recurrió a ese perfil. La respuesta más obvia es que nadie con recursos quiere mancharse las manos en un asunto así.

La otra lectura es más inquietante: que el plan existía, que se intentó ejecutar y que solo la incompetencia de los ejecutores evitó el desenlace. Si el objetivo era matar a la juez, el hecho de que el sicario fuera un aficionado no reduce la gravedad del encargo. La reduce, si acaso, la eficacia.

El contraataque y el relato de los medios afines​

Una parte del análisis sostiene que lo que estamos viendo es el contraataque de lo que llaman la toga nostra y de los pseudomedios afines al Gobierno. Según esta lectura, el caso Leire y la conexión con el clan de Los Rocho serían un intento de desviar la atención de las investigaciones que salpican al PSOE. La respuesta desde el otro lado es que el argumento del contraataque no niega los hechos, solo los enmarca.

El problema de fondo es que, en España, por menos se ha condenado a gente. El Supremo confirmó una pena de casi nueve años de prisión para un hombre que propuso por WhatsApp matar a Pedro Sánchez. No había medios, no había plan real, no había cupón. Solo un mensaje. Si aquello mereció nueve años, ¿qué merece un supuesto encargo con pago incluido?

Lo que queda por saber​

El asunto está abierto. No hay condena firme, no hay sentencia, no hay más que un audio y una investigación en curso. Pero el material deja una pregunta incómoda: si el plan era matar a la juez, ¿quién dio la orden y por qué nadie ha dimitido todavía?