Aval bancario para alquiler: lo que cuesta y si es legal pedir más fianza
El aval bancario ha sido desde hace décadas un dolor de cabeza para inquilinos. A mediados de los 2000, cuando el mercado del alquiler empezaba a endurecerse, las exigencias de garantías adicionales se multiplicaban. A partir de testimonios de inquilinos y expertos en derecho inmobiliario de la época, se puede reconstruir el coste real de un aval bancario y desentrañar el debate legal sobre las fianzas extra.
¿Cuánto cuesta realmente un aval bancario?
Contrario a la creencia de que el banco retiene el importe total, existen avales que no inmovilizan el dinero. Un ejemplo detallado: aval de 3.600€ (la mitad de la renta anual) con comisión de apertura del 0,9% (32,4€), coste trimestral del 0,75% (27€ cada tres meses) y gastos de notaría de 12€. En total, algo más de 150€ al año, asumibles si se negocia con el arrendador. Sin embargo, otros avales —especialmente los «a primer requerimiento»— bloquean la cantidad en una cuenta, y su liberación depende de que el casero devuelva el documento original. Esto ha llevado a casos donde el inquilino no pudo recuperar el dinero durante meses.
La guerra legal por las fianzas adicionales
Uno de los puntos más espinosos es si el casero puede exigir, además de la fianza legal (un mes sin amueblar, dos con muebles), una cantidad extra en metálico. Mientras una corriente sostiene que cualquier depósito superior es ilegal y constituye cláusula abusiva, otra —respaldada por la LAU y manuales como el Memento Francis Lefebvre— afirma que la ley permite «cualquier tipo de garantía adicional a la fianza en metálico». Incluso se han dado casos de propietarios que piden 6 meses de fianza, algo que algunos consideran un abuso y otros, una práctica legal aunque desaconsejable. La discusión llegó a la Comunidad de Madrid, donde una consulta telefónica no aclaró la postura oficial.
La conclusión: el aval bancario no siempre es la trampa que parece, pero exige leer la letra pequeña y negociar condiciones. En cuanto a las fianzas extra, el consenso legal apunta a que son válidas, aunque el inquilino tiene margen para rechazarlas o buscar alternativas. La falta de una jurisprudencia clara mantiene el debate abierto.
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