Avalancha de solicitudes de dimisión de cargos en la Agencia Tributaria por caso Zapatero

La cúpula de Hacienda planta cara: dimisiones en cadena por el 'caso joyas' de Zapatero​

Tres altos cargos de la Agencia Tributaria han solicitado su dimisión en bloque ante la negativa a seguir órdenes que, presuntamente, buscaban evitar la investigación de los delitos fiscales relacionados con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su colección de joyas. Una paradoja en un cuerpo donde los funcionarios rara vez abandonan sus puestos políticos.

El origen: el ofrecimiento del juez Calama​

El juez de la Audiencia Nacional José Calama ofreció a la Agencia Tributaria que se personara como perjudicada en la causa abierta por la evasión fiscal y el contrabando de las joyas de Zapatero, valoradas en más de 1,5 millones de euros. Según las informaciones, la dirección de la AEAT –bajo presión del PSOE– se negó a personarse, decisión que varios inspectores de carrera consideraron ilegal y les habría llevado a presentar su dimisión.

Las dimisiones: reputación frente a obediencia​

La directora general de la Agencia Tributaria, la directora de Recursos Humanos y el director de Inspección (un inspector de Hacienda llamado Manuel) habrían solicitado abandonar sus cargos. En un mensaje atribuido a ellas, se quejan de que «se nos prometió que la dimisión estuviera publicada en el BOE hoy y no está. No vamos a jodernos la reputación de una vida». La falta de publicación oficial habría sido la gota que colmó el vaso.

Sin embargo, fuentes internas señalan que todavía no se han hecho efectivas las dimisiones y que podrían tratarse de relevos previstos tras la campaña de la renta. Lo que está claro es que estos cargos, al ser funcionarios de carrera, conservan su plaza y pueden reincorporarse a puestos ordinarios tras una excedencia o reingreso, como recoge la normativa de la función pública.

¿Un punto de inflexión o una maniobra de supervivencia?​

La decisión de estos altos funcionarios ha sido interpretada de forma polarizada. Unos ven un acto de integridad al negarse a participar en una posible prevaricación; otros lo consideran una huida hacia adelante para evitar verse salpicados por la causa. Lo cierto es que, como señalan analistas, la Agencia Tributaria se persona siempre en delitos fiscales; no hacerlo sería una anomalía. La pregunta que queda en el aire es si el juez Calama impulsará la causa con o sin la colaboración de Hacienda, y si estas dimisiones son el primer síntoma de una fractura más profunda en la Administración.

Con estos antecedentes, la independencia de la Agencia Tributaria vuelve a estar bajo lupa. Y el debate sobre si los funcionarios de altos cargos deben asumir riesgos penales por órdenes políticas está más vivo que nunca.