El nuevo Pacto Migratorio Europeo entra en vigor sin transparencia
El 12 de junio de 2026 ha entrado en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, un marco común que endurece los procedimientos de solicitud de asilo y acelera las expulsiones. Las organizaciones sociales llevan años advirtiendo de que la falta de transparencia en su implementación nacional abre la puerta a recortes de derechos. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia que la normativa amplía los supuestos para tramitar asilo por vías exprés con menos garantías y crea un procedimiento único de asilo y retorno que puede perjudicar especialmente a menores migrantes.
¿Qué cambia con el nuevo pacto?
El pacto, negociado durante años, introduce un sistema de filtrado obligatorio en las fronteras exteriores y un mecanismo de solidaridad entre Estados miembros que, en la práctica, reparte cuotas de reubicación o compensaciones económicas. Sin embargo, según CEAR, el texto final prioriza la contención sobre la protección. Las solicitudes de asilo consideradas "infundadas" se examinarán en 12 semanas, y los solicitantes podrán ser retenidos en centros fronterizos mientras se resuelve su caso. El objetivo declarado es agilizar los retornos, pero las entidades alertan de que se sacrifican derechos fundamentales en el altar de la eficacia.
La respuesta de las entidades sociales
El Grupo de trabajo de entidades sociales sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que incluye a CEAR y otras ONG, ha criticado la opacidad del proceso. Señalan que los Gobiernos nacionales tienen demasiado margen para interpretar las directrices, lo que puede traducirse en una aplicación desigual y, en algunos casos, menos garantista. La protección de la infancia queda particularmente en entredicho: el interés superior del menor puede quedar relegado ante la presión por acelerar las devoluciones.
Un pacto que divide opiniones
Mientras los defensores de derechos humanos ven un retroceso, los partidarios del endurecimiento migratorio aplauden la medida. En el debate subyace la tensión entre soberanía nacional y solidaridad europea, así como la pregunta de si este marco logrará reducir la inmigración irregular o simplemente desplazará los flujos hacia rutas más peligrosas. De momento, Bruselas no ha publicado los criterios concretos que aplicarán los Estados, lo que alimenta las sospechas de que el pacto se cocinó a puerta cerrada.
El dato que descoloca: mientras las capitales se felicitan por el "nuevo consenso", las organizaciones sobre el terreno llevan meses denunciando que el pacto se aprobó sin escuchar a los que atienden cada día a los solicitantes de asilo. La letra pequeña —esa que fija los plazos máximos de detención o los recursos efectivos— aún está por escribirse en cada país.