BOOOOM: La Guardia Civil entra en Interior para interrogar al número dos del ministerio por el ‘caso Koldo’

El caso Koldo: el juez apunta a la imputación de Ábalos​

El caso Koldo sigue su curso en la Audiencia Nacional. A la fecha de esta discusión, la causa sigue abierta y ningún tramo puede darse todavía por cerrado. Los nombres señalados van escalando en la cadena de mando a medida que se conocen nuevas diligencias.

El sumario avanza por acumulación de piezas. Un ex alto cargo de Adif habría aportado pruebas que vinculan a Pardo de Vera con la trama. El juez instructor apuntó a la imputación de José Luis Ábalos después de recibir un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y el propio exministro de Transportes pidió declarar ante la Audiencia Nacional como testigo. Cada documento nuevo mueve el foco un escalón más arriba en la cadena de mando.

Lo llamativo no es solo la mecánica de las comisiones, sino la velocidad con la que las piezas encajaron entre sí: el asesor, el ministerio, el operador público, la empresa adjudicataria. Un recorrido que va del despacho al contrato sin que ningún control lo detenga. Cuando eso ocurre en plena emergencia sanitaria, la pregunta deja de ser quién cobró y pasa a ser quién dejó hacerlo.

Los móviles blindados y el rastro policial​

Una de las informaciones con más recorrido apunta a que guardias civiles, algunos adscritos al área de antiterrorismo, habrían blindado los teléfonos de la trama para sus manejos. La acusación es grave y, como el resto de la causa, está pendiente de que se confirme en sede judicial. En paralelo se ha publicado que una asociación denunciará al exdirector de la Guardia Civil por un supuesto chivatazo a Koldo. De probarse, apuntaría a filtraciones dentro del propio cuerpo.

El PP ha abierto otra vía: la comisión de investigación del Senado. Allí ha citado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia. La comisión se convierte en un escaparate donde la causa judicial y el combate parlamentario se retroalimentan: cada citación es una oportunidad para ganar minutos de televisión.

El detalle incómodo es que la causa avanza en dos frentes a la vez —el judicial y el parlamentario— sin que ninguno haya cerrado nada todavía.

«Yo no conozco a ningún Koldo»: la coartada que sube escalones​

La defensa política se ha convertido en un género propio. Según un comentario que circula en el debate, Ábalos habría sostenido que no conoce a Koldo, que no lo nombró asesor ni consejero de Renfe y que no sabe quién es. Circula una parodia que atribuye al presidente del Gobierno una respuesta calcada, escurriendo el bulto hacia el siguiente de la fila: «no conocer al propio Ábalos ni haberlo nombrado ministro». La broma, repetida con retintín, resume una sospecha incómoda: cada compareciente pone tierra de por medio con el anterior.

El patrón tiene lógica defensiva. Cuanto más arriba se coloca el desconocimiento, más difícil resulta imputar una responsabilidad política. Y la pregunta que queda flotando es la de siempre: si nadie sabía nada, ¿quién firmó, quién avaló y quién miró hacia otro lado durante los meses en que se dispararon los contratos de emergencia?

De Pepe Blanco a Globalia: la causa se ensancha​

Ábalos habría asegurado que fue Pepe Blanco quien le recomendó altos cargos para el Ministerio que hoy están imputados en el caso Koldo. La declaración, difundida por medios como LA GACETA, desplaza la responsabilidad un eslabón más atrás y mete en la ecuación a un histórico del PSOE, una de las figuras que mejor conoce los entresijos del aparato. Si la versión se sostiene, la trama deja de ser un asunto de un ministro y su asesor.

Al mismo tiempo, la comisión del Senado pone el foco sobre la relación entre el operador aéreo y los contratos públicos de la etapa de emergencia. Con Marlaska y el consejero delegado de Globalia en la sala, el caso gana recorrido y pierde margen para resolverse en silencio.

El eco en medios poco sospechosos​

Entre las piezas que más difusión acumulan figura una entrevista televisiva que, según se subraya con sorna, somete al asunto a un repaso duro sin que nadie la pare. El comentario que la acompaña es revelador: «no le des mucha difusión, que luego se enfadan». Es ironía, pero apunta a algo real.

Cuando el caso empieza a incomodar en medios que no son habitualmente hostiles al Ejecutivo, el relato oficial pierde una de sus coartadas: la de que todo es una operación de la derecha mediática. Y esa pérdida, en términos de opinión pública, puede pesar más que cualquier informe de la UCO.

¿Va a quedar el caso Koldo en nada?​

Buena parte del análisis sostiene que sí, o casi. La hipótesis más repetida es la del desgaste controlado: las pruebas se evaporan, las destructoras de documentos echan humo, los discos duros aparecen convenientemente dañados y el asunto se diluye entre recursos, plazos y archivados parciales. «Ni se sabe ni se sabrá», resume la versión más cínica.

La segunda hipótesis lleva el escepticismo un paso más allá: aunque el caso llegara a condena, la salida sería política y no penal. La palabra indulto aparece con insistencia en esa lectura. Por debajo late el cálculo electoral: mientras el bloque que sostiene al Gobierno mantenga sus ocho millones de votantes —cifra que un participante del debate esgrime para descartar un vuelco—, ningún escándalo parece capaz de mover el tablero.

Hay una tercera lectura, menos pesimista. Sostiene que la acumulación de informes y la entrada de la Guardia Civil en dependencias ministeriales marcan un umbral que ya no se deshace con una rueda de prensa. El tiempo dirá cuál de las tres se impone, pero de momento la única institución que ha movido ficha es la que lleva uniforme.

El último dique: Guardia Civil y jueces​

Una corriente ve en el instituto armado y en una parte de la judicatura el único contrapeso que queda frente a la corrupción de la clase política. La Guardia Civil, los jueces que no miran hacia otro lado, la UCO: los últimos que quedan en pie, según esa lectura, que no oculta su desconfianza hacia los partidos. Otra corriente mira la misma escena con recelo y se pregunta por qué la maquinaria judicial se pone en marcha en unos casos y se atasca en otros.

Lo que ambas comparten es la desconfianza. Unos dudan de que la política se limpie por sí sola; otros, de que el impulso judicial llegue hasta el final.

Con la causa en manos de la Audiencia Nacional, los papeles se acumulan en el juzgado. En la política, en cambio, nadie ha dimitido, nadie ha convocado una comparecencia para dar explicaciones y el calendario sigue igual. Ahí se atasca el asunto, en la distancia entre lo que instruye un juez y lo que aguanta un escaño. Las diligencias pueden avanzar; otra cosa es que la política esté dispuesta a moverse.