BOOOOOOOM: BEGOÑA GOMEZ acaba de DENUNCIAR AL PP por SUPLANTAR SU IMAGEN (generada con INTELIGENCIA ARTIFICIAL) en la campaña......

Begoña Gómez ha presentado una denuncia por suplantación de identidad contra los responsables de un vídeo de precampaña del PP elaborado con inteligencia artificial en el que se le atribuyen frases que nunca pronunció. La denuncia apunta a los gestores de los perfiles oficiales del partido y a quienes dieran instrucciones para difundirlo.

El asunto tiene dos capas. Una es la política: un partido que aspira a gobernar difunde una pieza audiovisual en la que personas del entorno socialista aparecen diciendo cosas que no han dicho. La otra es la jurídica: la esposa del presidente del Gobierno considera que esa pieza lesiona su identidad, su imagen y su honor. Y hay una tercera, la económica, que es la que interesa aquí: la inteligencia artificial abarata tanto la producción de contenido falso que cualquier formación política puede fabricar un vídeo con apariencia profesional sin contratar a un actor ni a un equipo de rodaje. El coste de mentir con imágenes se ha desplomado.

Qué dice la denuncia y a quién señala

El texto presentado por Begoña Gómez sostiene que nunca pronunció las palabras que le atribuye el vídeo y que no prestó consentimiento alguno para que se utilizara su imagen ni su voz. La pieza, difundida por el PP en redes sociales, caricaturiza a socialistas que se enorgullecen de ser «zurdos» y en ella la esposa del presidente aparece proclamando que tiene una cátedra gracias a que su marido es el presidente del Gobierno.

La denuncia no va contra un usuario anónimo. Apunta a «la persona o personas responsables de la gestión y llevanza de los perfiles oficiales en redes sociales» del partido y contra cualquiera que, dentro de la estructura del PP, haya trasladado consignas, instrucciones u órdenes al community manager. Es decir, la acusación intenta subir por la cadena de mando y no quedarse en el empleado que pulsó el botón de publicar.

El relato jurídico se apoya en tres derechos de la personalidad: identidad, propia imagen y honor. La denuncia afirma que la utilización de su imagen y su voz para elaborar «un vídeo falso» responde a la única intención de humillarla y atenta contra su dignidad como persona.

El PP valida el vídeo y resta hierro a la denuncia

Alberto Núñez Feijóo reconoció en una entrevista haber «validado» el vídeo, según recordó el propio Pedro Sánchez. En esa pieza aparecen voces e imágenes simuladas de personas del entorno socialista o del Gobierno admitiendo incluso delitos por los que han sido juzgados, procesados o investigados. El líder del PP apostilló que ahí hay «mayor delito, entre comillas».

La respuesta oficial del partido llegó por X con sarcasmo: «podría ser peor», porque el PSOE «podría haber mandado a los Rochos», en referencia al clan con el que, según la acusación, las supuestas cloacas socialistas habrían contactado para eliminar a la jueza Beatriz Biedma, quien investigó al hermano de Pedro Sánchez. El PP no entró a discutir el fondo de la suplantación; optó por el chiste.

Sánchez ofreció la información de la denuncia en una entrevista en el podcast Keep it cutre. Allí subrayó que su partido no está usando la IA, pero que es víctima de ella, y comparó la práctica con las técnicas que los acosadores emplean contra los menores, en alusión a las cuentas en redes que llevaron a menores a participar engañados en los disturbios del sábado en Barcelona.

El coste de fabricar un vídeo falso ya no frena a nadie

Aquí está el punto que trasciende el rifirrafe. Hace una década, producir un vídeo con una persona conocida diciendo algo que no dijo exigía un actor con parecido razonable, maquillaje, rodaje y postproducción. Hoy basta un modelo generativo y unas horas de trabajo. El resultado no es perfecto, pero se difunde a velocidad de red social y llega a mucha más gente que la rectificación posterior.

Ese desfase entre el coste de fabricar la mentira y el coste de desmentirla es un problema económico clásico de externalidades. Quien difunde el vídeo asume un coste casi nulo; quien lo sufre carga con la reputación dañada y con la factura legal. La denuncia de Begoña Gómez es un intento de reequilibrar esa balanza trasladando el coste al emisor, y por eso importa menos el resultado político inmediato que el precedente que pueda fijar.

La propuesta de la candidata a la presidencia del Frente Amplio, Ada Colau, de que los candidatos no utilicen la IA de forma vejatoria en campaña, y la adhesión de Sánchez a ese planteamiento, apuntan en la misma dirección: poner reglas antes de que el uso se generalice. El PP y Vox son señalados por el presidente del Gobierno como usuarios de la IA «de manera absolutamente descarnada e irresponsable».

Lo que hay que vigilar de aquí en adelante

La denuncia está presentada, no resuelta. Determinar si hubo suplantación de identidad, vulneración del derecho al honor o simple caricatura política es una cuestión que corresponde a los tribunales, y el resultado dista de estar cantado: el derecho a la crítica política ampara un margen amplio, y la línea entre sátira y falsificación no es nítida. Cualquier lectura que dé por probada la responsabilidad del PP antes de que exista resolución judicial va por delante de los hechos.

Lo relevante para el bolsillo público es otra cosa: si los partidos empiezan a usar IA para fabricar declaraciones ajenas, el coste de la desinformación electoral deja de ser un problema de plataformas y pasa a ser un gasto de litigios, rectificaciones y erosión de confianza. Y eso se paga entre todos. Ante cualquier pieza audiovisual atribuida a una persona pública, conviene verificar la fuente original antes de compartirla; si el asunto deriva en procedimiento judicial, la información fiable será la que emane del juzgado.