Bruselas insiste en que España debe devolver a Marruecos a "todos" los migrantes de Ceuta incluidos los menores

Bruselas exige a España devolver a todos los migrantes de Ceuta, incluidos los menores​

La Comisión Europea ha vuelto a poner el dedo en la llaga: España debe repatriar a Marruecos a todos los migrantes que entraron en Ceuta, sin excepción. La instrucción es clara, pero la realidad jurídica y política española la convierte en un laberinto que lleva años sin resolverse. Mientras Bruselas aprieta, el Gobierno español sigue atrapado entre sus propias leyes, los tratados internacionales y una presión social que no deja de crecer.

El marco legal que bloquea la devolución masiva​

La insistencia europea choca con un muro normativo. La Constitución Española, en su artículo 13, reconoce derechos fundamentales a los extranjeros; el artículo 24 garantiza la tutela judicial efectiva, lo que obliga a un procedimiento individual para cada expulsión; y el artículo 96 incorpora los tratados internacionales al ordenamiento interno. En la práctica, esto significa que no se puede devolver en bloque a nadie, y mucho menos a menores, sin pasar por un proceso judicial individualizado. Hay quien sostiene que bastaría con declarar el estado de excepción o de sitio en Ceuta para suspender garantías y ejecutar la devolución exprés, pero incluso esa vía tiene límites: los reales decretos-leyes deben ser convalidados por el Congreso en 30 días, y los tribunales pueden paralizar cualquier expulsión mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional.

El ejemplo finlandés que España ignoró​

La comparación con Finlandia se ha convertido en el argumento favorito de quienes exigen mano dura. En 2023, Helsinki registró un aumento inusual de llegadas de solicitantes de asilo a través de su frontera con Rusia, lo que consideró un «ataque híbrido» de Moscú. La respuesta fue inmediata: cerró todos los pasos fronterizos con Rusia y endureció su legislación. España, en cambio, no modificó la ley tras la crisis migratoria de Ceuta en 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en un solo día. La inacción se repite, y Bruselas lo sabe.

El coste económico de la gestión migratoria​

Detrás del debate legal hay un componente económico que pocos análisis cuantifican. Se calcula que casi un millón de personas en España viven, de una forma u otra, de la gestión de la migración: funcionarios, ONG, empresas de acogida, servicios sociales. Un cálculo llamativo pone el foco en el coste por persona: con una población de 27 millones de habitantes y 1.000 migrantes llegados en un episodio concreto, cada español dedicaría 27.000 euros por cabeza a su atención. La cifra, discutible en su metodología, ilustra la magnitud del gasto que genera el sistema. Hay quien argumenta que ese dinero podría destinarse a pensiones o a otros servicios, y que la industria de la gestión migratoria se ha convertido en un negocio en sí mismo.

La presión europea y el inmovilismo español​

La UE no se conforma con recomendaciones. El derecho comunitario tiene primacía sobre el nacional, y Bruselas podría forzar cambios normativos si España no actúa. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido hasta ahora la misma: retórica y dilación. Algunos analistas apuntan a un lobby pro marroquí en las altas esferas del poder español, que se remonta a la entrega del Sáhara en la marcha verde y que hoy condicionaría la política migratoria. Otros, más escépticos, sostienen que el verdadero motivo es el miedo a un coste político interno.

La presión de Bruselas es real, pero la historia reciente sugiere que el Gobierno español seguirá buscando excusas legales antes que soluciones. Si la Comisión Europea mantiene su exigencia, quizás veamos un cambio de guion, pero no sería la primera vez que el inmovilismo se impone a la urgencia. El tiempo, como siempre, juega a favor de quien no quiere decidir.