Bruselas y Marruecos exigen retorno de menores, España solo expulsó a 40
La presión de Bruselas y Rabat se intensifica sobre los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la crisis migratoria. Mientras tanto, en España, el debate se desplaza hacia el dinero: las subvenciones a las ONG, los centros de acogida y la gestión de estos menores.
El negocio de la inmigración
La Policía registró la sede de la ONG que más dinero ha recibido para gestionar centros de menores y detuvo a su director, un militante del PSOE. Este caso destapa la trama de subvenciones que rodea la acogida de menores. Las ONG reciben desembolsos de dinero público por cada menor acogido, y algunos alquileres de centros resultan ser propiedades de cargos políticos o afines. La “solidaridad”, en muchos casos, es una coartada para el lucro.
Las cifras que desmontan el relato
Desde 2012, unos 28.000 menores han entrado en España desde Marruecos. Solo 55 han sido expulsados, y de ellos, 40 llegaron efectivamente a Marruecos. Las expulsiones se atascan porque los funcionarios se niegan a firmar los expedientes. Mientras tanto, el Gobierno trasladó a 500 niñas a la Península, desafiando las indicaciones de la UE. El coste de mantener a estos menores se dispara, y el retorno se convierte en una quimera.
Corrupción y desapariciones
En Canarias, 785 menores tutelados han desaparecido. En Baleares, se ocultó durante un año que menores tuteladas se prostituían a través de webs de contactos. Estos casos alimentan la percepción de un sistema que prioriza el negocio sobre la protección. Los menores desaparecidos, especialmente las niñas, acaban en redes de explotación.
El dato que descoloca: de los 28.000 menores que han entrado desde 2012, solo 40 han sido devueltos efectivamente a Marruecos. Mientras Bruselas y Rabat insisten, España parece más ocupada en gestionar el dinero que en resolver el problema.