Brutal: Sánchez va a aprobar la tutela privada de menores

Tutela privada de menores migrantes: el plan que reabre el debate sobre el Estado​

¿Es una solución o un negocio? El Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara un mecanismo para que entidades privadas asuman la tutela legal de menores migrantes no acompañados, según el planteamiento que circula con intensidad en medios y ámbitos económicos. La medida afectaría sobre todo a mujeres menores acogidas en Ceuta, que serían trasladadas a la península bajo la tutoría de ONG —una función que hasta ahora correspondía a la administración.

De los certificados a la tutela: el péndulo de las competencias​

No es la primera vez que se discute el papel de las organizaciones privadas en la gestión migratoria. Antes de esta propuesta ya generaba controversia la posibilidad de que las ONG expidieran certificados con validez para trámites de residencia. Con la tutela legal, el salto sería mayor: entidades privadas tendrían la última palabra sobre menores de edad, sin el corsé administrativo habitual.

Hay quien sostiene que se está privatizando el poder civil del Estado. Otro sector razona en clave económica: las organizaciones reciben financiación por cada tutela y eso convierte la acogida en un incentivo perverso. No faltan quienes preguntan quién responde civilmente si un menor bajo tutela de una ONG comete un delito. La responsabilidad, en el sistema actual, está más o menos clara; en esta fórmula, se difumina.

¿Cientos de menores o negocio sin control?​

El sarcasmo no ayuda a cuadrar las cifras. Las edades declaradas son otro frente: se habla de menores de 16 años con aspecto adulto, y la sospecha de redes que inflan los números recorre el debate. La acusación más gruesa apunta a que el tráfico de personas acabe convertido en industria, como el turismo. Es una afirmación extrema, pero condensa el nerviosismo que provoca la medida.

Que los más críticos ofrezcan su casa como solución es la respuesta fácil de quien no quiere discutir de fondo. La pregunta seria sigue ahí: ¿puede una entidad privada, financiada con fondos públicos, ejercer de Estado para los menores que nadie reclama? De momento, nadie ha dado una respuesta que convenza a las dos Españas.