Cada minuto que pasa, tengo más claro que vamos a ir otra vez a elecciones generales.

La investidura encalla y crece el fantasma de otras elecciones​

¿Vamos a ir otra vez a elecciones generales? La pregunta, que hace unas semanas sonaba a broma de sobremesa, lleva días instalada en el análisis político con una insistencia incómoda. El candidato a la investidura y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no tiene los siete votos que necesita atados, y la negociación con los grupos independentistas catalanes avanza a base de prórrogas. Cada jornada sin acuerdo no retrasa solo la sesión: engorda la hipótesis de que la legislatura nace muerta antes de empezar.

La aritmética que no cierra​

El bloque que sostendría al Gobierno no llega. No porque falten partidos dispuestos a negociar, sino porque cada uno pone un precio distinto y ninguno regala su voto. En una investidura, depender de varios grupos pequeños es tener varios puntos de veto a la vez: cualquiera de ellos puede tumbar el acuerdo si no obtiene lo suyo. De ahí esa sensación, descrita sin muchos rodeos, de que la sesión se afronta «a lo loco», sin red y a ver qué pasa.

Ahí está la trampa del relato oficial. Sánchez podrá decir que lo ha intentado con todas sus fuerzas —y lo dirá—, que ha tendido la mano y que la pelota está en el tejado de los socios. Es un guion cómodo: convierte una derrota propia en culpa ajena y deja preparado el terreno para señalar al independentismo si hay que volver a las urnas. La aritmética, sin embargo, es terca: los números o salen o no salen.

¿Qué exige Puigdemont para firmar el acuerdo?​

El nudo no es la amnistía en abstracto. Según la lectura que se hace del proceso, el expresident catalán persigue algo más que borrar la vía penal de los implicados en el procés: busca garantías para que no vuelva a abrírsele otra causa más adelante. Ese es el argumento que explicaría por qué, si el pacto fuera tan limpio y constitucional como se pregona, ya estaría firmado.

Sobre la mesa hay más piezas. La condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña y el traspaso de competencias funcionan como moneda de cambio, y cualquier acuerdo deja un flanco abierto: el frente judicial y los tribunales que revisan lo pactado. El cálculo que se hace desde el independentismo es de suma cero: cuanto más se tensa la cuerda, más se arranca. Y cuanto más se arranca, más se consolida la idea de que el Estado pagará casi cualquier precio por no repetir elecciones.

Por qué a los independentistas tampoco les conviene votar otra vez​

La intuición aquí se da la vuelta. Quien más tiene que perder con unos nuevos comicios no es el Gobierno en funciones, sino sus socios. Si el PP y Vox sumaran mayoría absoluta, los grupos independentistas se quedarían sin botín después de haber exprimido la legislatura hasta la última gota. Ese razonamiento —cobrar ahora y hacerse los dignos el día de la investidura, alegando que se sacrifican para frenar a la ultraderecha— circula con fuerza.

Dicho de otro modo: la amenaza de ruptura es, en buena parte, herramienta de negociación. A nadie le interesa cambiar cuatro años de influencia por una campaña en la que puede perderlo todo. La paradoja es que ese mismo cálculo alimenta la sensación de que el acuerdo acabará cayendo, aunque sea en el último minuto y con el precio más alto posible.

La tesis contraria: la investidura está «atada y embridada»​

Frente al pesimismo corre la versión opuesta: que todo está atado y que el pacto saldrá adelante sin sustos. El mecanismo descrito es el clásico de una negociación asimétrica. Una de las partes está desesperada, la otra lo sabe y aplica la rutina: pedir una cosa, conseguirla, pedir otra y amenazar con levantarse de la mesa. Y así hasta el límite.

Bajo ese guion, la pregunta no es si habrá cesiones, sino cuántas y a cambio de qué. A lo que se añade una advertencia que suena cada vez más alto: si el acuerdo sale adelante con este precio, el Gobierno resultante nacerá con la mecha corta, condicionado por quienes le han dado el voto y con la amnistía convertida en la munición estrella de la oposición en la siguiente campaña.

Un sistema electoral de 1978 para un Parlamento fragmentado​

Hay un diagnóstico que trasciende el caso concreto y que explica por qué esta escena se repite. El sistema electoral y el reparto de escaños que se diseñaron en la Transición servían para el bipartidismo de hace dos décadas, no para un Congreso atomizado en el que ninguna suma sencilla alcanza la mayoría.

El resultado es una parálisis que se recicla: negociaciones imposibles, investiduras al límite y la impresión de que el voto importa menos que la capacidad de presión de los socios pequeños. La última vez que hubo que repetir elecciones, se recuerda, los resultados apenas se movieron: seis meses de bloqueo para volver al mismo punto. De aquello hace ya cuatro años. Y aquí seguimos.

Al final, lo único seguro es que no hay nada seguro. Con los números en el aire, la investidura se decidirá probablemente en el último segundo, con las cesiones ya entregadas y el resultado escrito de antemano. Si toca volver a votar, que nadie se alarme: los mismos de siempre jurarán que esta vez sí, que esta vez es la definitiva. Hasta la próxima.