Noticia: Centenares de migrantes, en la calle en Badalona tras el mayor desalojo de España que promovió Albiol: “A todo el mundo se la sudamos”

Badalona desaloja a 400 migrantes del B9 sin alternativa habitacional​

Hay desalojos que se ordenan y desalojos que se ejecutan con el piloto automático puesto. El del instituto B9 de Badalona es de los segundos: la jueza autorizó el despegue, recordó al Ayuntamiento que debía prestar atención social a los ocupantes y, aun así, el miércoles 17 de diciembre de 2025 unas 400 personas salieron a la calle con lo puesto. El alcalde, Xavier García Albiol (PP), ya había anunciado que no ofrecería techo de emergencia. Y no lo hubo. La operación se lanzó menos de 12 horas después de un episodio de lluvias intensas y en pleno diciembre, lo que da una idea del margen que se dejó a la improvisación.

Alrededor de 400 migrantes malvivían en el antiguo instituto municipal B9, entre los barrios del Remei y Sant Roc, un edificio ocupado en junio de 2023 por personas procedentes de desalojos anteriores de naves de la ciudad. Entre los residentes había hombres que sobrevivieron al incendio de la nave de Sant Roc de 2020, en el que murieron tres migrantes. La mayoría está en situación irregular y sus ingresos, cuando existen, salen de la recogida y venta de chatarra o de empleos informales.

Qué pasó durante el desalojo del B9​

Los Mossos d'Esquadra montaron el dispositivo a primera hora, instado por el consistorio. Los antidisturbios entraron en el inmueble, donde resistía una veintena de personas, después de desalojar por la fuerza a los ocupantes y a activistas de entidades como Badalona Acull o el Sindicat d'Habitatge de Badalona, concentrados en la puerta. Se produjeron momentos de tensión y lanzamientos de piedras contra la policía, con el cordón policial manteniendo a los concentrados a distancia de los migrantes y sus maletas.

Un desalojado resumió la situación con una frase: «A todo el mundo se la sudamos». Otro, Younnouss Dramé, contaba que había pasado la noche haciendo guardias y que ya no sabía a dónde ir. En las primeras horas, según la crónica del día, solo voluntarios de Justicia i Pau y entidades sociales repartían comida; el Ayuntamiento sostenía que sus servicios sociales acudirían a la zona.

¿Por qué la jueza autorizó el desalojo pero exigió atención social?​

El auto, dictado a principios de diciembre, daba luz verde a la petición del consistorio y a la vez obligaba a prestar atención social a los ocupantes. La magistrada razonó que la ocupación del instituto abandonado presentaba una situación de riesgo efectivo para la seguridad colectiva y la salud pública de quienes lo ocupaban. En su argumentación pesó que en septiembre se detectaron casos de tuberculosis, aunque la conselleria de Salud descartó que supusieran un problema de salud pública.

Albiol utilizó esos casos y la muerte de un joven que vivía en el edificio tras ser apuñalado para redoblar su objetivo de vaciarlo. Los ocupantes habían pedido en octubre al Govern una mediación ante la negativa municipal a ofrecer alternativa residencial, expresada también por escrito ante el juzgado. No hubo mediación. El resultado es un desalojo sin destino: la administración que empuja fuera es la misma que declara no tener capacidad para alojar a nadie.

El perfil del que llega y el coste del viaje​

Frente al relato de la pobreza extrema como única causa, en el debate se sostiene que emigrar desde África hacia España, sobre todo por rutas marítimas como la de Senegal o Canarias, tiene un coste elevado que a menudo solo pueden asumir familias con ciertos ahorros, y que un porcentaje significativo de quienes llegan tiene formación previa o procedencia de clase media. Es una afirmación que no se apoya en fuentes comprobables en el hilo.

La otra mitad del cuadro es el cálculo de oportunidad. Se argumenta que traer mano de obra por vías ordenadas, legales y con la legislación laboral cumplida no sale a cuenta para determinados sectores: si el salario y las condiciones se respetan, el margen se estrecha. Bajo esa lógica, la irregularidad funcionaría como un colchón de costes para actividades intensivas en mano de obra, y el debate sobre la vivienda se leería como una consecuencia, no como una causa.

Quién paga la factura y quién la cobra​

Otra línea de discusión apunta al papel de las entidades del tercer sector y al dinero público que las sostiene, con la sospecha de que la atención a los migrantes se ha convertido en un circuito con intereses propios. Es una acusación sin prueba firme, pero con recorrido en el malestar social. Enfrente está el argumento humanitario clásico: sin esas entidades, el desalojo del B9 habría dejado a 400 personas sin un plato de comida ese mismo día.

En el extremo más estructural aparece una hipótesis que enlaza vivienda y población: según se cita en el debate, un plan europeo aboga por reutilizar locales, densificar el parque inmobiliario y movilizar pisos vacíos. Es decir, que el problema del alojamiento podría leerse también como una pieza de un proyecto mayor que alguien tendrá que gestionar. Y nadie quiere poner la cara en la foto.

El atasco de la vivienda como telón de fondo​

Debajo del conflicto de Badalona late un problema que no distingue nacionalidades: no hay vivienda asequible. El argumento que se repite en la calle es que faltan casas y trabajos para los jóvenes locales antes que para los recién llegados. Cuando el stock escasea, cualquier demanda adicional se percibe como competencia directa, y el conflicto migratorio se convierte en la cara visible de un fallo de mercado más antiguo.

Eso explica por qué un desalojo local se convierte en termómetro nacional. La discusión de fondo no es si 400 personas deben dormir bajo techo, sino quién asume el coste cuando el Estado empuja a la intemperie a quien no puede pagarse un alquiler. Con la mayoría de los implicados en situación irregular, la vía laboral que sostiene el relato —venir a trabajar y cotizar— se queda en el aire antes de empezar. ¿Qué pasa cuando la única institución que podría ordenar el caos decide, en la práctica, no hacerlo?