Certificado de vulnerabilidad

El certificado de vulnerabilidad: la puerta giratoria de la inquiokupación​

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Mientras en Portugal e Italia la ocupación ilegal se castiga con penas de prisión y el desahucio se ejecuta en semanas, España ha institucionalizado un mecanismo que convierte a cualquier inquilino moroso u ocupante en un 'vulnerable' protegido por ley. El llamado certificado de vulnerabilidad, gestionado por servicios sociales, se ha convertido en el pasaporte para una estancia indefinida sin pagar, con el propietario como pagano final. La suspensión de desahucios se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, y la letra pequeña deja fuera a los pequeños propietarios, que se enfrentan a un laberinto judicial de meses o años.

El mecanismo perfecto: de inquilino a inquiokupa​

El sistema funciona así: se firma un contrato, se deja de pagar (o directamente se ocupa), se acude a servicios sociales para obtener el certificado de vulnerabilidad, y el juez, con el informe favorable en la mesa, paraliza el desahucio sine die. Los ayuntamientos y comunidades autónomas no tienen parque de vivienda social suficiente para ofrecer alternativas, por lo que la 'protección del hogar' se eterniza. El coste de la acción directa para el propietario es prohibitivo: si intenta recuperar la vivienda por su cuenta, pasa de víctima a delincuente.

La definición de 'gran tenedor' resulta clave. Según la ley estatal, se considera gran tenedor a quien posee más de diez viviendas urbanas (aunque algunas autonomías lo han rebajado a ocho o incluso cinco). El pequeño propietario con dos o tres pisos no es legalmente gran tenedor, pero en la práctica judicial el juez aplica el mismo criterio: prevalece el informe de vulnerabilidad sobre el derecho de propiedad. Como resultado, miles de viviendas están bloqueadas en litigios que se alargan más de un año.

Efectos colaterales: desaparece la oferta de alquiler​

La consecuencia inevitable es que los propietarios se niegan a alquilar. El miedo a no poder recuperar su vivienda ha secado el mercado de alquiler privado en muchas ciudades, agravando la crisis de oferta y disparando los precios. El dato es demoledor: en España, el número de viviendas en alquiler ha caído un 20% desde la aprobación de la ley de vivienda, mientras la demanda sigue creciendo. La protección al vulnerable se convierte así en una trampa que ahoga a quienes más necesitan un techo.

El dilema del propietario: paciencia o delito​

La mayoría de los pequeños propietarios no toma la justicia por su mano porque saben que el sistema es asimétrico. El juez, con el BOE en una mano y el informe social en la otra, se inclina siempre por la protección del ocupante. El derecho de propiedad queda relegado. La única salida para el propietario es esperar a que servicios sociales certifiquen que el inquilino ha dejado de ser vulnerable, lo que rara vez ocurre. La rabia se disipa en trámites, deudas y desesperanza aprendida.

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La pregunta que nadie responde es cómo se rompe este círculo vicioso. Mientras el certificado de vulnerabilidad siga siendo un pasaporte gratuito para la ocupación indefinida, sin un parque de vivienda social que ofrezca alternativas reales, la protección al débil se convertirá en la ruina del propietario y en la fuente de una crisis de alquiler que no para de crecer.

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