NOTICIA: Ceutíes hasta los cojines de la delincuencia prenden fuego a chabolas de invasores.

Ceuta arde: el coste de 27 días de asentamiento migratorio​

La playa del Trampolín amaneció el 27 de agosto con una humareda que no salía de ninguna barbacoa. Un grupo de ceutíes prendió fuego a varias chabolas ocupadas por personas migrantes mientras la Policía Nacional se interponía para evitar más incidentes. Entre los gritos, uno repetido: “Un caballa nunca se rinde”. Y otro, más inquietante: “La Cruz Roja es una mafia”. La mecha, que llevaba 27 días ardiendo entre la ciudad y los asentamientos, acabó de prender en la playa.

El coste de mantener el campamento​

El empresario ceutí Tino Fariña, uno de los participantes en el bloqueo, lo sinceró a El Español: “Si les seguimos dando de comer, no se irán nunca. Se tienen que ir, no cabemos, ya les hemos alimentado durante 27 días”. Fariña, que se reconoció exvotante socialista, resumió en una frase la lectura económica de una parte de la ciudad: Ceuta, que ya arrastra una economía dependiente del comercio y de los servicios, no puede sostener indefinidamente una población flotante asentada en plena playa.

La tensión no es solo social. Las imágenes de la playa del Trampolín ocupada por chabolas y los cortes de tráfico comercial afectan a un puerto que vive del paso de mercancías y del turismo de compras. En un territorio de apenas 18 kilómetros cuadrados, la percepción de saturación se multiplica. Varias voces reclaman al Gobierno una solución que no pasa por “dar de comer” indefinidamente.

Por qué no se puede “devolver en caliente” a la ligera​

La respuesta institucional choca con un muro legal. El Tribunal Supremo ya condenó a la anterior delegada del Gobierno en Ceuta a 9 años de inhabilitación por prevaricación al devolver a menores a Jovenlandia de forma “en caliente”. Esa doctrina pesa sobre cualquier decisión del Ejecutivo: expulsar sin procedimiento abre la puerta a nuevas condenas.

En junio de 2026 entró en vigor un nuevo Reglamento europeo de retorno, aplicable directamente, que algunos interpretan como la vía legal para agilizar expulsiones. Pero la normativa española de protección al menor y los precedentes judiciales siguen ahí. Dejar la solución en manos de tribunales o de la UE no apaga el fuego en la playa.

Entre el estado de alarma y la inacción​

Mientras tanto, la política nacional asiste al incendio sin bajar del autobús. Hay quien mantiene que una declaración de estado de alarma permitiría suspender derechos y expulsar a todos los ocupantes; otros recuerdan que el Tribunal Constitucional tumbó parte del confinamiento y que una operación así acabaría en los juzgados. La sospecha de que parte del Gobierno prefiere que el problema no llegue a la península recorre todas las lecturas.

En el extremo opuesto, la izquierda local y las ONG reclaman el reparto equitativo de los menores por todo el territorio nacional. La cifra de 11.332 ceutíes que votaron al PSOE —y 821 a Sumar— se usa como termómetro de un enfado que atraviesa ideologías: el primer empresario en vocear el bloqueo fue un exvotante socialista.

El fuego de esta semana no resuelve nada. Las cenizas quedarán en la playa junto a la pregunta de fondo: quién paga la factura de una crisis que la administración central esquiva. Mientras los políticos discuten sobre el estado de alarma, las llamas ya han hecho lo que los jueces no han decidido: despejar la playa. Y la factura, por ahora, sigue sin cuadrar.