El CSN renueva a una consejera que avisa contra el exceso de conocimiento
El Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo que vigila las centrales atómicas españolas. Este jueves, en el Congreso, comparecían el candidato a presidente y cuatro aspirantes a consejeros. Entre ellos,
Pilar Lucio, nacida en Plasencia en 1972, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense, exconsejera de Igualdad en la Junta de Extremadura y exdiputada, que aspira a renovar su asiento en el regulador. Y lo defendió con una frase que ya circula sola: «Para ser un consejero del Consejo de Seguridad Nuclear no es imprescindible tener conocimientos técnicos extraordinarios en esta materia, aunque evidentemente ayuda. Pero cuidado, que a lo mejor tener demasiados conocimientos, también es contraproducente».
La frase no era un lapsus. Servía para avalar la candidatura de su compañera
Silvia Calzón, exsecretaria de Estado de Sanidad y hasta entonces en Moncloa, al mismo órgano. El detalle importa: España está a punto de iniciar el cierre y desmantelamiento de sus centrales nucleares, con todo lo que eso implica en seguridad radiológica, residuos y suministro.
Qué se decide en el CSN y por qué el momento es delicado
El Consejo tiene como misión, según su propia definición, «proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes», conseguir que las instalaciones nucleares y radiactivas operen de forma segura y establecer medidas frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. No es un destino administrativo cualquiera: es el último filtro técnico antes de que una decisión política se convierta en riesgo físico.
El calendario agrava el asunto. El desmantelamiento de un parque nuclear es la fase más larga, cara y técnicamente exigente de todo el ciclo: descontaminación, gestión de combustible gastado, vigilancia de emplazamientos durante décadas. Poner ahí a perfiles de confianza política en lugar de a perfiles técnicos no es un detalle de organigrama. Es la diferencia entre auditar y obedecer.
El argumento de fondo: para qué sirve un consejero que no sabe
En la conversación que ha generado el caso aparece una tesis incómoda y bastante cínica: si el puesto es para ejecutar una hoja de ruta ya decidida en Moncloa, conviene no tener criterio propio. Quien sabe demasiado pregunta, objeta, deja constancia por escrito. Quien no sabe, firma. Una parte del análisis sostiene que el regulador se está convirtiendo en una cámara de ratificación de decisiones tomadas en otro sitio, y que la incompetencia declarada funciona como coartada: si algo revienta, se alega ignorancia.
El paralelismo que más se repite es el de la gestión de la
DANA: una responsable de emergencias que, según lo admitido en sede judicial, carecía de experiencia en el puesto. La lección que se extrae no es que la incompetencia sea tolerable, sino que es funcional. Nadie dimite por no saber. Se dimite por saber y callar.
Del enchufe al sistema: la queja que va más allá del CSN
El caso Lucio-Calzón ha funcionado como detonante de un malestar más amplio: la percepción de que los nombramientos técnicos responden a cuotas de partido y no a currículos. Hay quien lo resume con un ejemplo clásico: poner al frente de Tráfico a alguien sin carnet. La broma tiene gracia hasta que se aplica a un organismo que vigila radiación ionizante.
El diagnóstico que se repite en distintos registros es el de una
meritocracia de aparato: años de militancia pesan más que un doctorado, y el resultado es un Estado donde los puestos sensibles se ocupan por fidelidad, no por competencia. No es un fenómeno nuevo, pero el CSN tiene una particularidad que lo hace más grave: sus errores no se corrigen en la siguiente legislatura. Se miden en sieverts y en décadas.
La fecha del asunto y lo que queda por resolver
A la fecha de esta discusión, Lucio comparecía como aspirante a renovar su cargo y Calzón como candidata a consejera. El Congreso escuchaba. No hay resolución conocida sobre el resultado de las renovaciones, ni sobre si las palabras de Lucio tendrán consecuencias en el procedimiento. El expediente queda exactamente ahí: una frase pronunciada en sede parlamentaria, un organismo regulador pendiente de reconfiguración y un parque nuclear entrando en su fase más delicada. Con estos mimbres, lo raro no es que alguien haya dicho eso en voz alta. Lo raro es que haga falta decirlo.