Chica jovenlandés llorando porque paga 700€ por una habitación en Vitoria:

Vitoria: 700 euros por una habitación y un debate que trasciende la queja individual​

Una joven marroquí, nacida en España y madre soltera, denuncia en redes que paga 700 euros al mes por una habitación en Vitoria. El vídeo, que se ha viralizado, muestra a la chica llorando mientras explica que los caseros le cierran puertas por ser extranjera y tener una hija. La historia ha desatado una tormenta de reacciones que mezclan la escalada de precios en el alquiler, la discriminación y el papel de las ayudas públicas.

El precio de una habitación en Vitoria se dispara​

Según los datos que circulan en la conversación, alquilar una habitación en la capital alavesa ronda ya los 700 euros, mientras que un piso completo supera los 900. En los pueblos del entorno, los precios tampoco bajan de los 750-850 euros. Son cifras que, para una persona con un salario medio, resultan inasumibles sin compartir o sin ayudas. En Euskadi, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) alcanza, para 2026, un importe base de 583,07 euros mensuales y cuantías máximas de hasta 1.720 euros según la composición familiar. Una cuantía que, para algunos, explica por qué hay demanda incluso a esos precios.

Discriminación o simple lógica económica​

La joven denuncia que, tras intentar alquilar un piso de 900 euros, la propietaria canceló la operación al saber que tenía una hija: “Parece ser que decir que tienes hijos es como decir que tienes ocho perros de raza peligrosa”. A esto se suma que, según varios testimonios, muchos caseros rechazan a inquilinos de origen marroquí por miedo a impagos o okupación. Una corriente de opinión sostiene que las leyes de protección a colectivos vulnerables disuaden a los propietarios de arriesgarse. Otra, en cambio, apunta que los precios son tan altos que cualquier inquilino con un hijo pequeño es visto como un riesgo de solvencia, con independencia de su nacionalidad.

El sustrato de la crisis de vivienda​

El caso ha reabierto el debate sobre la falta de oferta de alquiler en Vitoria y en el conjunto de España. Con una demanda que crece por la inmigración y la dificultad de acceso a la compra, los precios se disparan. Algunos analistas señalan que el problema no tiene solución a corto plazo porque no hay vivienda suficiente, y que la competencia por las pocas unidades disponibles deja fuera a los perfiles más vulnerables, sean autóctonos o extranjeros. Otros, más críticos, sostienen que el sistema de prestaciones como la RGI actúa como un colchón que permite a ciertos colectivos sostener alquileres que de otro modo serían inviables.

La paradoja final: la joven paga 700 euros por una habitación, pero la RGI máxima para una unidad de convivencia de dos miembros (madre e hija) es de unos 1.200 euros. Con eso, podría permitirse un piso de 900 euros si encontrara quien se lo alquile. Pero no lo encuentra. El dato que desconcierta es que, mientras la oferta se reduce, los precios siguen subiendo y la brecha entre lo que se puede pagar y lo que se pide se hace cada vez más estrecha, sin que ninguna de las partes –inquilinos, caseros, administración– tenga una salida clara.