Cien padres 'abertzales' apoyan a los monitores que se ducharon con sus descendientes: «Repetiremos»

137 firmas de respaldo a los monitores investigados en Bernedo​

¿Cuántas familias tienen que denunciar antes de que un campamento de verano deje de leerse en clave política? En Bernedo (Álava), las colonias vinculadas al euskera y a la educación en igualdad acumulan ya doce demandas presentadas por familias ante la Ertzaintza por el trato dispensado a los menores, según las informaciones publicadas. Frente a ese expediente abierto ha aparecido lo contrario de un silencio: una carta firmada por 137 progenitores que agradece a los voluntarios haber dejado claro que «el cuerpo de cada persona es un espacio político». El asunto se ha comentado bajo la etiqueta de campamento trans, aunque el programa se presenta como colonia de euskera, igualdad y educación afectiva.

Qué se investiga en el campamento de Bernedo​

Las colonias de Bernedo ya estaban siendo investigadas en enero por presuntas agresiones sexuales, según las informaciones publicadas. A eso se suman los relatos de familias que hablan de menores obligados a ducharse juntos o de monitores que paseaban desnudos por el recinto, extremos que aparecen en las denuncias recogidas por la prensa. Nada de esto es una condena: son hechos presuntos, bajo investigación, y conviene repetirlo cada vez que el caso se cuenta con más vehemencia que expediente. La Ertzaintza ha elevado a doce las demandas presentadas por familias por el trato a los menores.

Las acusaciones no son homogéneas ni están cuantificadas una a una. Pero la cifra agregada —doce expedientes abiertos— es el único número oficial que sostiene el caso, y todo lo demás, tanto la defensa como el ataque, se mueve por encima de ella.

Una trabajadora avisó antes y su aviso quedó en un limbo​

Antes de las denuncias de las familias hubo un aviso interno. Una trabajadora del campamento reportó lo que estaba viendo y, según los primeros que denunciaron y las fuentes internas de la investigación citadas por la prensa, sus superiores no actuaron porque el campamento llevaba la etiqueta euskal por delante. La denuncia quedó archivada en un limbo administrativo, sin resolución ni seguimiento. Es el detalle que más incomoda a quienes sostienen que el problema no fue de falta de recursos, sino de voluntad.

La carta: 137 firmas y solo dos nombres​

La misiva se publicó en Berria, el único diario íntegramente en euskera. Se identifican con nombre y apellidos solo dos firmantes, Aitziber Esnaola y Ainhoa Agirreazaldegi, que anuncian que volverán a enviar a sus hijos al campamento. El texto se titula, de hecho, «Elegiremos de nuevo a Bernedo». En el recuento hay discrepancia: unas versiones hablan de 137 progenitores y otras de 147 personas. Que de un centenar largo de firmas solo dos pongan la cara es el dato que más ha llamado la atención a quienes han comentado la carta.

El «espacio político» como marco de todo el conflicto​

Aquí está el nudo. La carta no defiende un campamento: defiende un marco. Habla de poner la diversidad en igualdad de condiciones, de reflexionar sobre las relaciones de poder y los privilegios y de convertir momentos básicos de la vida —comidas, higiene y descanso— en espacio político. Ese lenguaje es exactamente el que bloquea cualquier crítica, sostienen quienes ven en la respuesta una coartada ideológica.

En el otro lado se argumenta que convertir una investigación judicial en una cruzada contra los vascos es el verdadero problema, y que el sesgo territorial explica la virulencia. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez, que es lo incómodo.

Por qué el caso se lee en clave vasca​

El asunto se ha instalado en un relato más amplio sobre el País Vasco, la izquierda abertzale y el PNV, y ahí las lecturas se separan. Una lo interpreta como síntoma de un modelo identitario que coloniza la educación. Otra responde que el sesgo antivasco sobredimensiona un caso concreto con doce denuncias. Una tercera —la que más se repite— apunta al dinero y a la colocación de cuadros políticos.

El dinero público detrás de los campamentos​

Y ahí el análisis más repetido no habla de menores, sino de nóminas. La tesis que circula es sencilla: si cada administración crea una concejalía, un plan o un programa, aparece una estructura de empleo estable que defiende su continuidad con independencia del resultado. Concejales de igualdad, trabajadores sociales, educadores y planes de integración configuran una red que, según esta lectura, se sostiene sobre presupuesto público. El mismo argumento se aplica a los campamentos que a cualquier otro programa subvencionado, y también sirve para explicar por qué las quejas de las familias no encuentran cauce administrativo.

Doce denuncias y una investigación sin cerrar​

A la fecha de esta discusión, no consta ninguna condena ni resolución judicial sobre los hechos. La investigación sigue abierta y lo único verificable es la secuencia: denuncias de familias, aviso previo desatendido, carta de respaldo y un municipio donde los padres que denunciaron, según quienes conocen la zona, van a quedar señalados. Eso último no es una acusación: es la descripción de cómo funcionan las presiones en cualquier comunidad pequeña.

Queda una pregunta sin contestar, y no es ideológica: si el aviso interno llegó antes y no se atendió, ¿quién firmó el silencio? Doce denuncias, 137 firmas de aplauso y dos nombres con apellidos. La parte del relato que ha quedado perfectamente clara es quién lo controla.