Abolición de la prostitución: cárcel al que lucre, no a quien la ejerce
El PSOE quiere prohibir el negocio sin tocar a quien lo ejerce. La proposición de ley que tiene previsto registrar en el Congreso persigue al proxeneta, al dueño del inmueble que se alquila para el ejercicio y al intermediario; a la persona que se prostituye no le cae nada. Es una paradoja con la que el Ejecutivo convive sin incomodidad: castigar la estructura y dejar en el aire el suelo.
El anuncio lo puso sobre la mesa la ministra de Igualdad,
Ana Redondo, en la sede de la ONU, donde definió al PSOE como «progresista, feminista y abolicionista» y dijo estar convencida de que «la sociedad española está a favor completamente de la abolición de la prostitución». En la misma comparecencia admitió
posiciones más complejas y una división real en el movimiento feminista, y pidió diálogo para aunar fuerzas y voluntades.
¿Qué castiga la reforma del artículo 187 del Código Penal?
Tres tipos penales concretos. Primero, el proxenetismo y cualquier conducta que impulse o promueva el ejercicio de la prostitución. Segundo, el beneficio que se obtiene cediendo un inmueble o un espacio de forma habitual para que otra persona ejerza, la llamada tercería locativa, penada con
dos a cuatro años de prisión y multa de dieciocho a veinticuatro meses. Tercero, quien acuerde o intermedie en actos sexuales retribuidos para sacar tajada.
Ninguno de esos tres supuestos alcanza a quien se prostituye, algo que la ministra subrayó: «en ningún caso se penalizará a aquellas personas que se prostituyan». La letra del texto deja al cliente fuera del radar penal y carga todo el peso sobre quien organiza, cobra o presta el local. En una actividad donde el dinero entra por el cliente, la pregunta de quién sostiene el negocio y con qué riesgo queda sin respuesta explícita.
Permiso de trabajo y residencia para las víctimas de trata
Según Redondo, la mayoría de las personas que ejercen son migrantes y víctimas de trata, lo que obliga a retocar la
Ley de Extranjería. El objetivo declarado pasa por reconocerles permiso de trabajo y de estancia hasta que se determine su condición de víctima, y por acompañar la salida del sector de la mano de las organizaciones que combaten la explotación sexual.
Ahí está el nudo. Hay quien sostiene que vincular el permiso a la declaración de víctima abre un atajo administrativo difícil de verificar; la respuesta contraria es simple: sin papeles y sin alternativa laboral, salir es una entelequia. El departamento no detalla por ahora cómo se comprobará nada de eso.
El 0,35% del PIB y los países que la legalizaron
El negocio mueve, según las cifras que se manejan, el
0,35% del PIB nacional, más de 4.000 millones de euros. Ahí está el corazón económico del asunto, y también su trampa: una actividad de ese volumen no se apaga con una reforma penal.
Austria, Suiza, Irlanda y Alemania tienen prostitución legal, y el mayor prostíbulo de Europa —probablemente del mundo— está en Colonia. En Estados Unidos es legal en diez condados de Nevada y está prohibida en Las Vegas, donde según el relato que circula lo que medra es otra cosa. Japón y Australia, con inspectores incluidos, aparecen en la lista de los que regularon. Tailandia, en cambio, la prohíbe y sigue siendo un destino turístico de primer orden.
El patrón se repite fuera de nuestras fronteras: donde se prohíbe, el negocio no desaparece. Cambia de manos, de local y de protección.
«Ya estuvo prohibida antes»: el argumento de la ineficacia
La objeción más repetida no es moral, es práctica. La prostitución ya estuvo prohibida en España y no se esfumó: se trasladó a pisos discretos y a redes menos visibles. Prohibir otra vez, sigue el razonamiento, empuja a quien ejerce hacia la
economía sumergida, con menos garantías, menos control sanitario y sin cotización ni impuestos.
El modelo alternativo que se defiende desde esa orilla es el contrario: legalizar con condiciones, seguridad y obligaciones fiscales, de modo que el sector tribute y quien trabaja en él tenga derechos. Con el tabaco y el alcohol, dicen, ya se probó lo que pasa cuando se legisla contra la demanda.
Un movimiento feminista partido en dos
La propia ministra reconoció «diferentes formas de entender este asunto», distintos acentos y sensibilidades, y confió en que el trámite sirva para «aunar fuerzas y voluntades». Dicho de otro modo: la distancia entre quien entiende la prostitución como violencia a abolir y quien la lee como trabajo a regularizar es hoy tan grande como la que separa a los dos bloques que llevan años midiéndose en este terreno.
Una ley no resuelve esa pelea. La traslada al Congreso y, si sale adelante, a los tribunales.
La hipótesis del humo
Otra lectura, muy extendida, sostiene que el anuncio sirve sobre todo para desviar la atención de otros frentes abiertos. Se argumenta que una actividad que mueve esa cantidad de dinero no se apaga por decreto, y se compara el caso con otros anuncios regulatorios que se quedaron en nada. Añaden que el trámite acaba de arrancar y que el partido arrastra tensiones internas, de modo que auguran más ruido antes que aplicación efectiva.
El escenario más probable a corto plazo es el de siempre: una norma en tramitación, un sector que se reorganiza y un debate que sigue sin árbitro. Con el proxenetismo en el punto de mira, el cliente fuera del Código Penal y quien ejerce exonerado, la pregunta incómoda no es si se prohibirá. Es a quién le cambia la vida la ley cuando el negocio se mude al piso de al lado.