La ZBE que no murió: sentencia anula restricciones pero el Ayuntamiento ya tiene otra norma
Un conductor madrileño acumulaba 27 multas por circular con un vehículo sin etiqueta ambiental por Madrid Central. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló parte de las restricciones regionales, presentó un recurso de revisión y las 27 sanciones, que sumaban 18.000 euros, fueron retiradas. «Un error», dijo el Ayuntamiento. Pero la historia no acaba ahí.
Lo que realmente ha caído es la Zona de Bajas Emisiones de la Comunidad de Madrid, la que afectaba a municipios de más de 50.000 habitantes y que impedía circular entre localidades del área metropolitana. La ordenanza municipal de Madrid —la que transformó el primitivo Madrid Central en Madrid 360— sigue en vigor. Dentro de la M-30, las motos sin etiqueta aún tienen restricción horaria de 7:00 a 22:00. Así que el centro de Madrid no se ha abierto al tráfico sin control, como algunos celebraron demasiado pronto.
Dos zonas de bajas emisiones, dos destinos distintos
La confusión viene de solaparse dos normativas. Por un lado, la ZBE regional, creada por la Comunidad de Madrid, que prohibía a los vehículos sin distintivo ambiental circular entre municipios de la corona metropolitana. Esa ha sido anulada por el TSJM al considerar que no se evaluó su impacto económico ni se ofrecieron alternativas suficientes. Por otro, la ZBE municipal, que abarca todo el término de Madrid y que fue aprobada por el Ayuntamiento en 2021 (y posteriormente remozada en 2024 y 2026). Esta no se ha visto afectada por la sentencia.
La clave está en la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada definitivamente en marzo de 2026, según consta en el Diario de Madrid. El TSJM tumbó la normativa anterior, pero el Ayuntamiento de Almeida ya había preparado una versión corregida que subsanaba los defectos formales señalados por los jueces. Un movimiento que algunos califican de «trampa legal»: la sentencia llega cuando ya hay una norma nueva que mantiene las restricciones.
El coste de las sanciones y el efecto disuasorio
El caso de las 27 multas anuladas no es aislado. Varios conductores han recurrido sus sanciones con éxito, pero la mayoría pagó sin saber que podían impugnarlas. Quienes cambiaron de coche para cumplir con la etiqueta se preguntan si han tirado el dinero. «Son imbéciles que han madrugado dos años de su vida para comprar un trasto con pantallitas», ironiza alguien que resistió con su diésel sin etiqueta.
Mientras, el Ayuntamiento sigue multando. La tasa de basuras, que subió a una media de 141 euros por vivienda, no compensa. Y la comparación con Francia, donde ciudades como París han derogado sus ZBE por considerarlas discriminatorias, alimenta el malestar. «Allí se puede, aquí nos obligan por la UE», se quejan los escépticos.
Política y promesas incumplidas
El PP de Almeida prometió en campaña eliminar Madrid Central. En el gobierno, no solo lo mantuvo, sino que lo amplió a toda la ciudad. La sentencia del TSJM ha sido presentada como una victoria por Vox, que puso los recursos. Pero la nueva ordenanza deja el panorama casi igual. La oposición ve en ello un «timo electoral»: se anula una norma que ya no está vigente, y el ciudadano medio ni se entera.
La pregunta que queda en el aire es si esta litigiosidad continuará o si, como apuntan algunos, «Almeida no es tonto: ya elaboró una normativa nueva para saltarse la condena». Por ahora, el centro de Madrid sigue siendo una zona restringida, y quien entre con un coche sin etiqueta se arriesga a una multa. La diferencia es que ahora, quizá, haya más margen para recurrir.
El dato que descoloca: mientras los conductores sin etiqueta se felicitan por la sentencia, el Ayuntamiento ya ha aprobado una ordenanza que, de facto, mantiene el mismo régimen. El «Madrid central deja de existir» del titular es, más bien, una ilusión óptica propagandística.