Nacionalidad para todos los marroquíes: 37,8 millones de votos
¿Puede España conceder su nacionalidad a todos los marroquíes residan donde residan? La pregunta suena a provocación, pero circula en círculos de análisis económico como experimento mental sobre los límites del Estado del bienestar y de la soberanía. El planteamiento parte de un ahorro aparente: si un colectivo deja de tener estatus de inmigrante, deja de percibir las prestaciones asociadas a ese concepto. El ahorro, sin embargo, se evapora cuando se suman las consecuencias.
La cifra que dinamita cualquier cálculo es 37.840.052. Ese sería el número de votantes adicionales si el censo de Marruecos pasara a engrosar el censo español. Con esa masa electoral, el equilibrio político actual quedaría irreconocible y, según se argumenta, el país podría acabar convertido en una segunda Marruecos. La doble nacionalidad, además, abriría la puerta a que esa población accediera sin fricciones a las nacionalidades de Hispanoamérica, multiplicando el área de influencia de Rabat en el continente americano.
El coste europeo tampoco cuadra. Una naturalización colectiva de ese tamaño implicaría que millones de nuevos ciudadanos de la UE entrasen en el espacio Schengen por decisión unilateral de Madrid. La respuesta de Bruselas, en forma de sanciones y pérdida de fondos, se llevaría por delante cualquier ahorro en prestaciones. La hipótesis de que España abandonase el euro y volviese a una moneda propia forma parte del escenario más apocalíptico de esta corriente.
Detrás del experimento asoma otra realidad menos teórica: la presión sobre Ceuta y Melilla y el papel de Marruecos como actor geopolítico. Si un ejército "más numeroso y motivado" —según una de las lecturas del asunto— no necesita invadir para alterar el equilibrio interno, la nacionalización masiva sería una vía reglamentaria para lograr por las urnas lo que la vía territorial no consigue.
Ninguna fuerza política seria ha propuesto semejante cosa. Que la ocurrencia sirva para medir hasta dónde llegan el miedo y la imaginación fiscal es otra cosa. Conclusión seca: si alguien quiere ahorrarse unas pagas, hay fórmulas menos costosas que regalar 37,8 millones de votos y la frontera.