Desertar de una guerra futura: los trucos legales que se barajan
«Lo siento, señor reclutador, no tengo mascarilla, no puedo salir de casa», contesta un forero. Es una de las respuestas que se cruzan cuando alguien lanza la pregunta incómoda: si mañana hubiera una movilización obligatoria, ¿cómo se libra uno? La conversación no es un chascarrillo de cuartel. Mezcla derecho constitucional, medicina de trincheras y un cálculo de intereses bastante descarnado. El punto de partida es el de siempre: unos abuelos que fueron a la
Civil a matarse «por los intereses de dos élites opuestas».
Los requisitos que dejan fuera a media España
El primer filtro es administrativo. Se sostiene que
a partir de los 25 años ya no te llaman y que cualquier delito doloso es incompatible con la incorporación. La referencia que se maneja es el artículo 59, el que regula el cese de la condición militar del reservista obligatorio: se pierde al terminar la activación, que no puede exceder el tiempo máximo que fije el Consejo de Ministros. La letra pequeña pesa más que el titular.
Lo que no cierra es que esa norma se cambia en una tarde. Buena parte del intercambio gira en torno a lo fácil que sería adaptar la ley si el escenario se tensa. La respuesta que se repite: dependerá de la mayoría del Congreso y de cuánto aguanten los tribunales.
Gafas, medicación y el cuerpo como escudo
La segunda vía es física. Llevar
gafas, tomar fármacos que recomiendan no conducir, arrastrar un diagnóstico psiquiátrico o un historial de consumo. Se argumenta que, como mucho, te destinan a retaguardia. Una intervención resume la idea: no parece razonable darle un fusil cargado a según qué perfil. Y el razonamiento da la vuelta al sentido común: en vez de esconder el problema médico, se exhibe.
Aquí el asunto se parte. Unos ven el filtro médico como salida real; otros recuerdan que la propia institución ya criba y que un perfil inestable no interesa ni en la retaguardia. Un ejército no quiere a nadie que pueda disparar contra sus compañeros, se dice.
Autolesión, objeción y otras salidas feas
Entre las propuestas que se cruzan están las que hieren: hacerse pasar por sanitario, declarar odio mortal a los oficiales, quedar como un peligro para los mandos. La idea de fondo es que un expediente ruidoso rinde más que una huida silenciosa. La declaración frontal de hostilidad hacia la estructura militar se plantea como método y, a la vez, como riesgo.
No todos compran el plan. Fingir demencia o hacerse el inútil se ve como apuesta con fecha de caducidad: si el país está contra las cuerdas, las exenciones se recortan. Hay quien avisa de que la norma se cambia en un segundo cuando las cosas vienen mal dadas. La ficción legal de hoy puede ser el expediente del mañana.
¿Pena de muerte para los desertores? El artículo 15 entra en juego
El tramo más jurídico llega aquí. El
artículo 15 de la Constitución declara abolida la pena de muerte «salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra». A partir de ahí, un forero sostiene que reinstaurarla no exigiría tocar el texto constitucional: bastaría modificar la ley que la eliminó del Código Penal Militar, con mayoría absoluta. El
artículo 81 lo confirma: las leyes orgánicas se aprueban por mayoría absoluta del Congreso.
La réplica llega igual de rápida. Que el artículo 10 —dignidad y derechos— pesa igual o más que el 15. Que el estado de guerra no suspende la Constitución, sino que lo regula ella misma. Y que los convenios internacionales atan al legislador. El forcejeo queda abierto: hay quien cree que en 24 horas se reescribe la ley penal militar y quien sostiene que los derechos humanos no se desconectan por decreto.
Cambiar el DNI de sexo y coger un barco hacia el Cono Sur
Si lo legal no basta, quedan los planes de ruptura.
Cambiar el sexo en el DNI y el pasaporte se propone sin ironía. Otros apuntan al barco: coger a la familia y pedir asilo como refugiados de guerra en Uruguay, Chile o Cuba. «La guerra que la hagan los que sacan beneficio de ella», resume quien cita a un bisabuelo escondido en un pajar durante la
Civil. Y hay quien, de broma, presenta un carné de partido como salvoconducto.
Luego está el bando más cínico. Hay quien anuncia que aprenderá el idioma del que gane, que colgará la bandera del invasor en el balcón o que se pasará al otro lado con un grito de ocasión. Otros dudan de que una potencia moderna reclute a civiles con tal de alimentar el frente: para llevarte a ti hace falta antes gente que vaya a buscarte.
La memoria de la Guerra Civil y el cálculo de azar
El trasfondo histórico no es decorativo. Se recupera el caso del padre de una madre que trabajó en Bilbao el
18 de julio de 1936 y acabó de sargento en el lado republicano; en su pueblo de Navarra habría luchado con los nacionales. «Simple azar», dice quien lo cuenta. El relato sirve para desactivar la épica: si media familia acabó en un bando por dónde le pilló el golpe, la lealtad de hoy es igual de circunstancial.
De ahí sale la idea que sobrevuela el hilo:
pasarse al enemigo se presenta casi como virtud y desertar como cobardía. Circula una sentencia entre broma y no: lo bueno de las guerras civiles es lo fácil que resulta explicarle al otro que te pasas a su bando. El pragmatismo tiene siglos y no piensa jubilarse.
La pregunta sigue sin respuesta única. Lo que sí aparece es un cálculo colectivo: si las guerras se acortan y la gente valora más su vida que antes, crece el número de los que se escaquean de la
mili. Según un forero, en la obligatoria
más de 100.000 personas se la saltaron. Ese es el dato que nadie sabe convertir en porcentaje de un frente hipotético.