Mitad de empresas de la SEPI en pérdidas: ¿quién paga el pato?
La mitad de las empresas públicas que controla la SEPI están en números rojos. Correos, Navantia y otras compañías del holding estatal cierran sus cuentas con pérdidas recurrentes, mientras el debate sobre su utilidad y gestión se reabre con cada informe anual. No es una noticia nueva; se arrastra desde hace años, como recuerdan algunos análisis. La cuestión es si estas empresas cumplen una función social que justifique el desfase o si, como sostienen los críticos, son un instrumento de colocación política y clientelismo.
Los datos disponibles apuntan a que, lejos de mejorar, la situación se cronifica. En el caso de Navantia, los astilleros públicos acumulan pérdidas millonarias mientras su plantilla se mantiene sobredimensionada. Correos, por su parte, no logra adaptarse al declive del correo postal y sus intentos de diversificación no terminan de cuajar.
El argumento de la falta de control es recurrente. Al ser empresas públicas, las adjudicaciones y subcontrataciones quedan fuera de muchos de los mecanismos de fiscalización que existen en la administración pública. Esto, según se apunta, abre la puerta a prácticas poco transparentes. Un ejemplo que circula en los ámbitos de fiscalización es el presunto caso de Leire Díaz y las horas de fontanera, que ilustraría cómo se pueden desviar recursos sin el debido control.
Con la deuda pública disparada y cada euro contado, ¿tiene sentido mantener empresas que sistemáticamente pierden dinero? La respuesta no es sencilla, pero el dato está sobre la mesa.