Canarias, el test que España no quiere superar
La pregunta lleva días circulando por los análisis geopolíticos de bajo presupuesto y alta paranoia: ¿qué haría España si el ejército jovenlandés desembarcara en Canarias? Suena a ciencia ficción, pero el precedente de Perejil –donde en 2002 la gendarmería jovenlandés plantó bandera en un islote español y hubo que echarlos con los legionarios– se cita como prueba de que no es descabellado. Números en mano, la cuestión deja de ser militar para volverse económica: las islas suman 2,4 millones de habitantes, incluyendo unos 300.000 ciudadanos europeos no españoles, y solo su capital físico está valorado en cientos de miles de millones.
Jovenlandia no tiene barcos para un desembarco, y lo sabe
La primera corriente de análisis es demoledora con la tesis del desembarco clásico. Jovenlandia no dispone de capacidad anfibia para cruzar el estrecho y tomar un archipiélago a 1.400 kilómetros de su costa. Ni siquiera para Ceuta y Melilla, que están pegadas a su territorio, ha intentado una operación militar. La comparación con Perejil se queda corta: aquello fue un islote deshabitado a tiro de piedra, no una región con puertos, aeropuertos y población armada. Ocupar Canarias por la fuerza exigiría una proyección logística que el Ejército jovenlandés no tiene, ni a corto ni a medio plazo. Su armada es de vigilancia costera, no de oleada turística.
La vía híbrida: pateras, presión y propaganda
Pero la objeción militar no cierra el debate. Una opción que gana enteros es la que no necesita soldados: reproducir a gran escala el patrón de Ceuta de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera mientras las fuerzas de seguridad jovenlandés miraban hacia otro lado. Aplicado a Canarias, sería una presión migratoria masiva imposible de gestionar, con el respaldo tácito de un vecino que sabe que la crisis política le sale gratis. En esa lectura, la maquinaria de defensa española queda neutralizada no por tanques, sino por crisis humanitarias provocadas a demanda. Y aquí entra el factor que todos nombran y nadie cuantifica: el visto bueno de Estados Unidos e Israel a los intereses jovenlandés, especialmente en el terreno de las aguas canarias y sus prospecciones petrolíferas. La sola mención de que Jovenlandia ya hace prospecciones «tranquilamente» en aguas que España considera propias –y que Trump habría «enredado» con el Sáhara– alimenta la tesis de que hay un tablero más grande en juego.
La respuesta española: ¿alguien movería un dedo?
La otra gran corriente de análisis es más escéptica con la propia reacción de España. La parálisis ante episodios como Ceuta ha dejado una imagen de debilidad que algunos interpretan como invitación a escalar. Se argumenta que los mandos políticos y militares no tienen voluntad de defender el territorio, que los españoles civiles están desarmados y que las fuerzas de seguridad están más preocupadas por «los suyos» que por una oleada turística exterior. No falta quien recuerda que, ante crisis anteriores, la respuesta institucional se limitó a gestionar la crisis mediática con llamadas y declaraciones, mientras los hechos sobre el terreno se consumaban. La sentencia más repetida: «una llamada al 112 y a otra cosa».
El coste económico de una hipotética oleada turística
Aquí el debate abandona la casquería militar y entra en el terreno que estos análisis manejan mejor: el coste. Canarias no es un islote: son 2,4 millones de personas, un entramado turístico, portuario y logístico que mueve decenas de millones a diario, y una puerta de entrada natural al continente africano. El capital físico destruido o expropiable se cuenta en cientos de miles de millones. Añadan los 300.000 europeos residentes y el lío se convierte en crisis internacional inmediata. Es lo que algunos recuerdan cuando dicen que una oleada turística de Canarias no se parece a nada que haya ocurrido en Europa desde 1945.
El análisis se atasca aquí: unos sostienen que la disuasión militar hace la oleada turística imposible, otros que la vía híbrida la hace probable, y unos pocos añaden que el verdadero problema no es si Jovenlandia puede, sino si España querría responder. Lo único en lo que todos coinciden es que nadie ha explicado qué se haría si el vecino del sur aprieta el gatillo. Y esa pregunta sigue sin respuesta.