Ceuta y Melilla: la cesión a Marruecos como mal menor geopolítico
Mientras la tensión entre Occidente y el eje sino-ruso se intensifica, un debate incómodo resurge en España: ¿deberían Ceuta y Melilla pasar a manos de Marruecos? La propuesta, defendida por algunos analistas como un mal menor para los intereses occidentales, choca frontalmente con la defensa de la soberanía española y con el valor estratégico del Estrecho de Gibraltar.
El argumento geopolítico: un peaje para evitar un frente abierto
Quienes defienden la cesión sostienen que, ante la amenaza totalitaria de Rusia, China e Irán, Occidente no puede permitirse un conflicto latente en el sur de Europa. Marruecos, como socio fiable de Estados Unidos e Israel, controlaría de forma más eficaz el paso del Estrecho, evitando que el descontento marroquí se convierta en un caballo de Troya para las potencias rivales. Se argumenta que las ciudades autónomas son un lastre diplomático y militar que debilita la posición española en un escenario de crisis global.
El coste económico: un agujero que no se justifica
El debate también tiene una vertiente económica. Las ciudades de Ceuta y Melilla gozan de un régimen fiscal especial, con exenciones que las convierten en un paraíso fiscal de facto. Según las cifras que circulan en el análisis, no tienen actividad económica relevante y su principal función es albergar a una plantilla de funcionarios que cobra el doble que en la península. Ese déficit estructural, que se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado, es difícil de defender en tiempos de contención del gasto.
Sin embargo, la oposición a la cesión es mayoritaria. Se recuerda que el Estrecho de Gibraltar es una de las rutas marítimas más importantes del mundo y que ceder su control a un país no europeo supondría un riesgo estratégico de primer orden. Además, la historia reciente muestra que Marruecos ha utilizado la presión migratoria como arma de negociación, lo que hace dudar de su fiabilidad como socio.
El debate, en cualquier caso, está lejos de cerrarse. Mientras tanto, el déficit de ambas ciudades sigue creciendo, con una plantilla de funcionarios que cobra el doble que en la península. Un coste que, según los defensores de la cesión, no se justifica ni siquiera en términos estratégicos.