Denuncia popular al presidente: el dinero no es el obstáculo
La idea de financiar entre todos una acusación por alta traición contra el presidente del Gobierno suena a gesta épica. Pero la letra pequeña del procedimiento la convierte en la misión imposible de la política española. El primer escollo es el coste, aunque con la difusión adecuada podría cubrirse sin excesiva dificultad. El segundo es encontrar un despacho de abogados solvente y dispuesto a asumir el caso, algo que no se consigue en los anuncios de madrugada. El tercero, y definitivo, es la exigencia de que el 25% del Congreso respalde la querella: eso son casi 90 diputados.
La aritmética política se antoja imposible. Vox, con su grupo parlamentario, no llega ni de lejos. Y el PP, dentro de la lógica de no morderse la mano, no tiene incentivo para avalar una acusación que sentaría precedente contra quien ocupe el poder. Hay quien sostiene que con la cifra adecuada el PP podría comprarse, pero esa teoría choca contra la realidad del corporativismo. Después está el fondo: probar la traición ante el Tribunal Supremo es casi misión imposible. Ni siquiera la admisión a trámite está garantizada.
Queda el consuelo del teatro. Una admisión a trámite daría la vuelta al mundo y golpearía la imagen del presidente, que para muchos es su punto débil. Pero a efectos prácticos, la querella sería un símbolo con más morbo que consecuencias. El dato que descoloca es que el dinero nunca fue el problema. Lo que falta es una maquinaria judicial que, con estas reglas, difícilmente se mueve contra quien está arriba.