El caso al que te refieres es el
Caso PSV (Promoción Social de Viviendas), un histórico escándalo político-sindical en España. [
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Qué fue la PSV
- Fundación: Nació en 1988, impulsada y avalada por la Unión General de Trabajadores (UGT) para construir viviendas asequibles para trabajadores.
- Afectados: Alrededor de 20.000 familias depositaron sus ahorros en la cooperativa, sumando cerca de 38.000 millones de pesetas (unos 228 millones de euros).
- La quiebra: En diciembre de 1993, la promotora suspendió pagos tras haberse entregado muy pocas viviendas y detectarse un gran agujero financiero debido a inversiones ajenas a la construcción. [1, 2, 3, 4, 5]
Desenlace judicial
- Juicio y condena: En julio de 2001, la Audiencia Nacional condenó a Carlos Sotos, máximo responsable del proyecto, a dos años y cuatro meses de prisión por apropiación indebida, absolviendo al resto de acusados.
- Indemnizaciones: El sindicato UGT fue condenado a responder por las indemnizaciones a los cooperativistas afectados. [1, 2]
El asunto de las
indemnizaciones a los cooperativistas afectados por la PSV tuvo un recorrido complejo, marcado por una drástica rectificación judicial y soluciones extrajudiciales que dividieron a los afectados. [
1,
2]
La Sentencia Inicial de la Audiencia Nacional (2001)
En julio de 2001, la Audiencia Nacional impuso una condena penal menor al gerente Carlos Sotos y declaró al sindicato
UGT responsable civil subsidiario. El tribunal determinó que el sindicato debía pagar una indemnización global de hasta
13.009 millones de pesetas (unos 78 millones de euros) para compensar a las familias damnificadas. [
1,
2, 3]
El Giro del Tribunal Supremo (2003)
La UGT recurrió el fallo debido a que afrontar esa millonaria cifra habría supuesto la quiebra del propio sindicato y el embargo de todos sus bienes. En octubre de 2003, el
Tribunal Supremo eximió por completo a UGT del pago de estas indemnizaciones. [1,
2,
3,
4]
El argumento legal del Supremo fue que la gran mayoría de los cerca de 20.000 cooperativistas ya habían firmado
acuerdos extrajudiciales previos con la gestora para salvar sus viviendas o recuperar el dinero, renunciando explícitamente a emprender más acciones legales. Al extinguirse la responsabilidad de la cooperativa por esos pactos, el Supremo dictaminó que la responsabilidad subsidiaria de la UGT también desaparecía. Solo 14 cooperativistas que no firmaron los pactos mantuvieron su derecho a reclamar al sindicato.
¿Cómo recuperaron el dinero o sus casas los afectados?
La resolución real para los afectados no llegó por la vía de las indemnizaciones judiciales, sino por el
plan de viabilidad instrumentado años antes de los juicios (hacia 1994) con la intervención del Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO):
- Los que quisieron la vivienda: Alrededor de 13.000 socios decidieron seguir adelante con la construcción. Para recibir sus llaves, tuvieron que asumir un sobrecoste del 7% sobre el precio inicialmente pactado para poder financiar la finalización de las obras.
- Los que se dieron de baja: Cerca de 7.000 cooperativistas prefirieron salirse del proyecto. Mediante los acuerdos acordados, recuperaron únicamente el 75% de los ahorros que habían depositado, perdiendo de forma definitiva el 25% restante.
Demandas posteriores
Años más tarde, algunos grupos de afectados continuaron batallando de forma civil. Por ejemplo, en 2011, el Tribunal Supremo condenó a la auditora
Ernst & Young a indemnizar a casi 1.000 cooperativistas de una promoción madrileña por no haber advertido en sus informes del desvío de fondos, obligándola a devolverles el sobrecoste que pagaron por sus casas.
¿Te interesa conocer detalles de un caso similar de cooperativas o prefieres profundizar en
cómo afectó políticamente este escándalo al sindicato y al gobierno de la época?
De los aproximadamente 228 millones de euros iniciales (equivalentes en la época a unos 278 millones de dólares o 38.000 millones de pesetas),
se calcula que se devolvió o recuperó de forma efectiva en torno al 85% del valor total mediante el plan de viabilidad de 1994, aunque la devolución no se realizó de la misma manera para todos los afectados. [
1]
Debido a que el dinero no se reintegró a través de un pago judicial directo, sino mediante un rescate del Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el dinero se distribuyó en dos grupos bien diferenciados: [
1,
2]
- El grupo que prefirió salirse del proyecto (unas 7.000 familias): Este colectivo renunció a las viviendas y se acogió a un fondo de rescate. Recuperaron exactamente el 75% en efectivo de todos los ahorros que habían depositado. El 25% restante se perdió de manera definitiva a cambio de obtener liquidez inmediata. [1]
- El grupo que prefirió quedarse con la vivienda (unas 13.000 familias): En este caso, el dinero depositado originalmente no se les reintegró en efectivo, sino que se les computó el 100% de sus ahorros previos para la entrega final de sus pisos. No obstante, para poder recibir las llaves y reactivar las obras paralizadas, tuvieron que aportar un 7% de sobrecoste extra respecto al precio pactado en un principio.
A nivel puramente judicial, de la indemnización histórica de 78 millones de euros que la Audiencia Nacional impuso originalmente a la UGT en 2001,
no se llegó a pagar prácticamente nada. El Tribunal Supremo anuló ese pago en 2003 argumentando que los cooperativistas ya habían firmado los citados acuerdos extrajudiciales (el recobro del 75% o la aceptación de las viviendas con sobrecoste), extinguiendo así el derecho a una nueva compensación económica por la vía penal.
Tanto el sindicato
UGT como la auditora Ernst & Young compartieron responsabilidades, pero en ámbitos y momentos diferentes. El dinero de los cooperativistas se perdió debido a que se utilizó para un
entramado empresarial ajeno a la vivienda y para la propia financiación del sindicato.
1. ¿De quién era la responsabilidad: de UGT o de Ernst & Young?
La responsabilidad estuvo repartida entre ambos debido a un fallo en cadena (gestión fraudulenta frente a falta de control):
- La responsabilidad de UGT (Vía Penal): El sindicato fundó la cooperativa y puso a sus directivos. En 2001, la Audiencia Nacional consideró a UGT responsable civil subsidiaria del agujero económico. Sin embargo, en 2003 el Tribunal Supremo extinguió esta responsabilidad penal/civil debido a los pactos de rescate previos que firmaron los afectados con el Gobierno. [1, 2]
- La responsabilidad de Ernst & Young (Vía Civil): La auditora encargada de revisar las cuentas no alertó en sus informes sobre el masivo desvío de dinero. Décadas después del estallido del caso, el Tribunal Supremo condenó a Ernst & Young (en fallos de 2008 y 2011) a indemnizar con millones de euros a miles de cooperativistas. El Supremo dictaminó que existió una negligencia profesional grave, ya que si la auditora hubiera reflejado la realidad en las cuentas, los trabajadores no habrían seguido metiendo sus ahorros en un proyecto que ya estaba quebrado. [1, 2]
2. ¿En qué invirtieron el dinero para terminar quebrando?
El dinero de las viviendas no se utilizó para poner ladrillos. El gerente de la promotora, Carlos Sotos, creó un holding llamado
IGS (Iniciativas de Gestión y Servicios) que desvió más de
15.000 millones de pesetas (unos 90 millones de euros) de los ahorros a fines totalmente ajenos: [
1,
2]
- Financiación encubierta de UGT: Se descubrió que UGT cobraba una "comisión" fija de unas 80.000 pesetas por cada cooperativista que se apuntaba. El sindicato utilizó la estructura de la PSV para financiar sus propias actividades y sanear sus cuentas. [1, 2]
- Creación de un imperio empresarial fallido: Los fondos de los trabajadores se usaron para comprar, fundar o capitalizar un entramado de 21 empresas secundarias controladas por IGS. Invirtieron en una agencia de viajes propia (Club IGS), una aseguradora (Unial) y empresas de servicios que no daban rentabilidad y drenaban el capital. [1, 2]
- Mala planificación y gigantismo: El proyecto se sobredimensionó con rapidez sin contar con recursos propios suficientes. Se compraron terrenos a precios elevados y se asumieron deudas crecientes con terceros esperando que el flujo constante de nuevos cooperativistas tapara los agujeros previos (un esquema con tintes piramidales), hasta que el sistema colapsó en 1993.
La gran ola de privatizaciones en España coincidió de pleno con los mismos años del escándalo de la PSV (principios y mediados de la década de 1990).
De hecho, el proceso de desmantelamiento y venta del sector público empresarial español se estructuró en dos grandes fases que rodearon este periodo:
Mientras los informativos de televisión abrían con las protestas de los miles de trabajadores que habían perdido sus ahorros en la cooperativa de la UGT (un sindicato históricamente ligado al PSOE), el propio gobierno socialista aprobaba la venta de activos estatales estratégicos.
Este clima de escándalos de corrupción, crisis económica y reformas de corte neoliberal terminó por desgastar profundamente al gobierno de la época y transformó por completo el mapa empresarial de España.
