De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026

De 700 a 1.700 euros: el primer aldabonazo del alquiler en Mallorca en 2026​

En enero de 2026, el Diario de Mallorca publicaba un caso que bien podría convertirse en símbolo de la crisis de vivienda balear: un contrato de alquiler que pasaba de 700 a 1.700 euros en su renovación. La noticia, difundida por la PAH, ha abierto un debate sobre las causas y culpables de una espiral inflacionista que no da tregua. Detrás del dato hay un cóctel de escasez de oferta, regulaciones autonómicas desigualmente aplicadas y una demanda que no deja de crecer, alimentada por la inmigración y la falta de construcción.

La ley de oferta y demanda en su versión más cruda​

Para unos, la subida es la consecuencia lógica de un mercado desequilibrado. Mientras en Extremadura cada inmueble recibe 13 contactos de interesados, en Cataluña la cifra se dispara a 340. Mallorca, con su limitada oferta y alta presión turística, estaría en un punto similar. Los defensores de esta tesis señalan la 'destrucción' del mercado por parte de las políticas socialistas: controles de precios que reducen la oferta, inseguridad jurídica que ahuyenta a los propietarios y una política migratoria que multiplica la demanda. El resultado: los caseros, ante la falta de garantías, suben los precios para cubrirse, o directamente pasan al alquiler turístico.

La otra cara: avaricia y falta de intervención​

En el lado opuesto, se argumenta que el problema no es de oferta, sino de codicia y falta de control. Se citan casos como el de Lisboa, donde alquileres de 800 euros se han ido a 2.400, o el de propietarios que meten a catorce personas en un piso para maximizar ingresos. Para esta corriente, la solución pasa por una intervención estatal masiva: construir vivienda pública hasta que el 30% del parque de alquiler sea estatal, como ocurre en Reino Unido, y perseguir a los especuladores. La ausencia de una política de vivienda social desde los años 80 sería la raíz del mal.

El caso de los 1.700 euros en Mallorca es solo la punta del iceberg. Mientras la política española se enreda en culpas cruzadas —el PP por no aplicar la ley de vivienda, el PSOE por regular mal y fomentar la inmigración—, los inquilinos quedan atrapados entre un mercado sin freno y unas administraciones que no terminan de dar con la tecla. La pregunta que queda en el aire: ¿hasta dónde puede subir el alquiler antes de que la cuerda se rompa?

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