De la promesa de pagar pensiones a proponer burdeles para migrantes
El debate público sobre inmigración ha recorrido en tiempo récord un trayecto que va de la cantinela económica —“vienen a pagarnos las pensiones”— a propuestas que convierten el cuerpo de las mujeres en herramienta de contención demográfica. La última vuelta de tuerca la ha dado la exministra británica conservadora Edwina Currie, que según se ha difundido ha planteado habilitar burdeles en las inmediaciones de pequeñas localidades con alta presencia migratoria para reducir la violencia sexual.
La reacción no se ha hecho esperar. Entre los comentarios más crudos del debate digital, que no reproducimos por obvias razones, se llegó a plantear la idea de satisfacer las necesidades de los migrantes para prevenir agresiones. No es una anécdota aislada: la discusión refleja una tensión social real que transita de la exigencia de control a la naturalización de la deshumanización.
Currie, nacida Edwina Cohen en Liverpool, ha sido retratada como una política con pasado judío ortodoxo que abandonó la práctica religiosa. Su propuesta, enmarcada en una narrativa que criminaliza al migrante y cosifica a la mujer, ha recibido críticas desde todos los flancos, pero también ha encontrado eco en sectores que reivindican un abordaje “pragmático” de la violencia sexual.
La pregunta que queda en el aire es si el debate español está dispuesto a importar ese modelo de gestión migratoria, o si todavía queda margen para un enfoque basado en derechos y no en la amenaza percibida.