Denunciado por delito de repruebo el portero del Sabadell por invocar en vano el nombre de su majestad imperial Paetrus descendiente de Sancho, nuestro señor

Del grito de celebración a la denuncia por odio: el portero del Sabadell ante la justicia​

Era la celebración del ascenso del CD Sabadell en el balcón del ayuntamiento de la localidad. Entre los vítores y gritos de la plantilla, una voz se elevó sobre las demás: «¡Perro Sánchez!», o eso entendieron algunos. Lo cierto es que el portero del equipo, un joven zaragozano, pronunció una frase que podía sonar a insulto contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS) no lo dudó: presentó una denuncia por delito de odio.

La FAVS, criticada en distintos ámbitos por su supuesta alineación con el PSC, que gobierna Sabadell con mayoría absoluta, argumentó que el grito incitaba al odio contra el líder del Ejecutivo. Sin embargo, la defensa del jugador sostiene que no hubo insulto directo, sino una invocación satírica del nombre del presidente —«Paetrus Hijo de Sancho»— que ningún tribunal debería considerar delito.

El debate jurídico no es menor. La abogada Beatriz de Vicente ha recordado que el Tribunal Supremo ha señalado que las descalificaciones políticas, aunque no sean deseables, están amparadas por la libertad de expresión. Además, los insultos entre particulares se despenalizaron en la última reforma del Código Penal. Solo las injurias graves en actos públicos o en internet, si atentan contra la dignidad de forma «salvaje», seguirían siendo punibles.

Mientras tanto, el caso ha servido para que muchos se pregunten si la figura del delito de odio, pensada para proteger a minorías vulnerables, se está utilizando contra la crítica política. «Odiar a Pedro Sánchez no es un derecho, es una obligación», ironizaba una corriente de opinión; otra, más templada, recuerda que la libertad de expresión tiene límites cuando se convierte en acoso.

El portero, que es maño y milita en el Sabadell, podría enfrentarse a un procedimiento judicial que, a la espera de la admisión a trámite, ya ha generado un intenso debate en la esfera pública. Al final, lo que empezó como una broma en una celebración deportiva ha terminado por poner sobre la mesa una cuestión incómoda: hasta qué punto el Estado puede sancionar la mofa a un político sin caer en el autoritarismo.