Derecho al voto a dos velocidades

España concede la nacionalidad a descendientes de sefardíes expulsados en 1492 desde 2015, con 74.543 casos resueltos favorablemente hasta 2026, mientras el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el voto de 163.000 personas nacionalizadas por la ley de nietos de la Memoria Democrática.

La nacionalidad española tiene al menos dos puertas de entrada que funcionan a velocidades distintas. Una lleva abierta desde 2015 y ha dejado pasar a decenas de miles de descendientes de judíos expulsados hace cinco siglos. La otra se abrió en 2022 para los nietos del exilio franquista y ahora está bloqueada por orden judicial. Mismo pasaporte, mismo derecho a votar sobre el papel, pero un trato que ha acabado en los tribunales en plena carrera electoral.

La ley que Rajoy aprobó en 2015

El Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante en junio de 2015 la Ley 12/2015, una norma que concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España, es decir, los descendientes de los judíos expulsados en 1492. La ley les permitía obtener el pasaporte sin renunciar a su nacionalidad anterior y sin exigirles residencia legal en España. El entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, defendió la medida en el Congreso como una reparación de una deuda histórica con comunidades que mantuvieron durante quinientos años el amor, las tradiciones y la lengua ligados a España. El titular de Justicia, Rafael Catalá, lo resumió con una imagen: si el 1 de enero de 1492 se cerró una puerta para miles de españoles forzados a marcharse, la ley volvía a abrirla para sus descendientes.

El PSOE respaldó la aprobación definitiva del texto, aunque votó en contra de algunas enmiendas y no logró incluir a los ciudadanos de origen saharaui. La norma se tramitó en la antesala de un ciclo electoral que incluyó elecciones generales en diciembre de 2015, su repetición en junio de 2016 y comicios autonómicos en Galicia y Euskadi. Nadie habló entonces de ingeniería electoral.

Los requisitos para acogerse a la ley incluían acreditar la condición de sefardí con documentos probatorios. Entre ellos, el certificado de un rabino reconocido legalmente en el país de residencia del solicitante y la acreditación del uso del ladino como idioma familiar, la lengua derivada del castellano medieval que los judíos llevaron consigo tras salir de la Península Ibérica. También se exigía demostrar una especial vinculación con España mediante certificados de estudios de historia y cultura, actividades benéficas, culturales o económicas, o la inclusión en listas de familias sefardíes protegidas por España. Además, los solicitantes debían superar una prueba de conocimientos básicos de Lengua y otra sobre cultura, realidad social y Constitución Española, diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes. Quienes procedían de países hispanohablantes quedaban exentos del examen de idioma. El procedimiento se diseñó para tramitarse por vía electrónica.

74.543 nacionalizados y 7.344 denegaciones

Entre 2016 y 2026, 74.543 sefardíes obtuvieron la nacionalidad española por esta vía, según datos del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El grueso de las resoluciones favorables se concentró entre 2020 y 2022, con 59.373 descendientes de judíos nacionalizados en ese trienio. En 2025 recibieron el pasaporte español 1.126 nuevos sefardíes, y en lo que va de 2026, otro centenar. Las autoridades denegaron 7.344 solicitudes en los diez años de vigencia de la norma y archivaron 861. El Consejo General del Notariado ha recibido 153.774 peticiones de descendientes de judíos que reclaman el pasaporte español entre 2015 y 2026.

La mayor parte de las solicitudes llegaron de países como Colombia, México, Venezuela y Argentina, según las estadísticas del Ministerio de Justicia. América Latina concentra también el grueso de los descendientes del exilio franquista cuyo voto ha quedado en el aire.

El Supremo frena el voto de 163.000 nietos

La otra puerta es la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. Esta norma otorga la nacionalidad española a los descendientes de exiliados por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual durante la Guerra Civil y el franquismo. El Tribunal Supremo rechazó que puedan votar en las próximas generales los 163.000 españoles nacionalizados por esta vía, atendiendo a la petición de Iustitia Europa y Vox, que judicializaron el caso después de intentarlo sin éxito ante la Junta Electoral Central. El Alto Tribunal considera que debe prevalecer la integridad del censo y del proceso electoral sobre el ejercicio provisional del derecho a voto.

La decisión cuenta con el voto particular de la magistrada María Alicia Millán Herrandis, que sostiene que la convocatoria del 29N incorporó un elemento nuevo y decisivo, y advierte del riesgo de una lesión definitiva e irreversible sobre la participación democrática. La JEC no paralizó las altas de nuevos votantes en el censo, como pedía Iustitia Europa.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró la decisión de los magistrados y valoró que hayan antepuesto el bien común para poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno. Feijóo había cargado contra la ley de nietos el 29 de junio de 2026, un día después de que Iustitia Europa presentase la primera denuncia ante la JEC, hablando de ingeniería electoral y de incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue más lejos y advirtió a los diplomáticos que tramitasen nacionalizaciones que considerase indebidas de que estarían haciendo algo ilegal.

El PP criticó las pocas garantías del texto y habló de nacionalizar a socialistas, rechazando de lleno la disposición adicional octava. No pidió suprimirla de manera íntegra durante la tramitación de la norma en el Congreso.

Dos leyes, un mismo pasaporte

Las dos normas comparten más de lo que las separa. La Ley 12/2015 y la ley de nietos conceden la nacionalidad sin exigir renuncia a la anterior y sin residencia legal en España. Ambas se aprobaron en la antesala de ciclos electorales. Ambas afectan a descendientes de personas que salieron del país por persecución o expulsión. Y ambas han sido cuestionadas por los mismos actores políticos, aunque con diez años de diferencia y con signo opuesto.

Los 74.543 sefardíes nacionalizados podrán votar el 29N. Los 163.000 nietos del exilio franquista, de momento, no. La diferencia no está en la ley que les reconoce el derecho, sino en quién ha decidido suspenderlo.