DESAHUCIO de afeminadoRMEN: 87 AÑOS, 71 en esa CASA… ¿DÓNDE QUEDA la PROPIEDAD PRIVADA? Magnates del Ladrillo Con Charly Hoyos

87 años, 71 en la misma casa y una ley que ya cerró su contrato​

María del Carmen Abascal, Maricarmen, tiene 87 años y vive desde 1956 en la misma vivienda de alquiler. En 2026 se enfrenta a su desahucio y el caso se ha convertido en el penúltimo campo de batalla entre el derecho de propiedad y los contratos de renta antigua que quedaron blindados hace medio siglo. La pregunta de fondo no es si la historia enternece, sino quién figura en el Registro de la Propiedad, qué se firmó en 1956 y qué hizo el legislador con ese papel mientras ella envejecía en la misma escalera.

La cronología del contrato: 1956, dos subrogaciones y un tope legal​

El contrato original lo firmó su padre en 1956. Cuando él murió, en 1960, pasó a su madre por subrogación. Cuando ella falleció, el contrato se traspasó por segunda vez y quedó a nombre de Maricarmen, que siguió pagando un alquiler regulado de unos 500 euros al mes. Bajo la vieja LAU de 1964, la subrogación por fallecimiento era ilimitada en el tiempo: el arrendamiento podía encadenar generación tras generación y convertirse, en la práctica, en casi perpetuo. Ese es el fósil legal que está encima de la mesa.

Qué cambió la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994​

La reforma de 1994, en vigor desde enero de 1995, recortó el número de subrogaciones permitidas. La versión más repetida apunta a que la excepción a favor del familiar con discapacidad exigía un grado superior al 65% y que el caso de Maricarmen se quedaba en el 50%. Hay discrepancias sobre la fecha exacta del recorte —una línea lo sitúa en el decreto de 1985, otra en la LAU del 94—, y esa falta de acuerdo es justo lo que ensucia cualquier titular rápido.

Quién es el propietario y qué ofertas había sobre la mesa​

El inmueble ha cambiado de manos varias veces. La versión más repetida sostiene que un fondo adquirió el edificio y que su negocio consiste en esperar a que el contrato se extinga para liberar el piso a precio de mercado. Según los datos que circulan, se le ofreció comprar la vivienda, trasladarse a otra por un precio similar e ingresar en una residencia a 25 kilómetros por 1.250 euros al mes. Las tres opciones se rechazaron y ahí se rompe el relato de víctima sin salida.

El nudo jurídico: propiedad sin dominio útil​

Aquí se atasca todo. Quien defiende el contrato vitalicio argumenta que una subrogación no se puede cancelar cambiando la ley a mitad de partida. Quien defiende al propietario responde que esa condición no la pactaron las partes, sino que la impuso el Estado, y que lo que el Estado da, el Estado lo puede quitar. Entre medias, la pregunta incómoda: si el legislador retoca hoy el contrato para salvar a Maricarmen, ¿qué impide que lo retoque mañana para dejar a otro en la calle?

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Con un piso que vale una fortuna, una inquilina de 87 años y una ley que nadie firmó tal cual, cualquier solución deja a alguien con la sensación de haber perdido. El expediente sigue exactamente ahí: sin cerrar.