Móviles del Mediador desaparecen de una caja fuerte policial
El inspector jefe que dirigió la investigación inicial del caso Tito Berni ha denunciado que los teléfonos móviles de Antonio Navarro Tacoronte, alias El Mediador, fueron sustraídos de la caja fuerte de su despacho en la Brigada de la Policía Nacional. Los escritos, presentados ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, apuntan a que otros agentes policiales habrían accedido a la caja y se habrían llevado los dispositivos sin autorización. El caso amenaza con sacudir los cimientos de una investigación ya de por sí turbulenta.
La desaparición de pruebas en dependencias oficiales
Los hechos se remontan a las primeras fases de la operación contra la trama de corrupción que involucraba al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. Según las denuncias del inspector jefe, los móviles incautados a El Mediador contenían conversaciones y contactos clave para la causa. Su desaparición en una caja fuerte a la que solo tenían acceso miembros de las fuerzas de seguridad ha reabierto el debate sobre la integridad de la cadena de custodia en casos sensibles.
La coincidencia con otros episodios de pruebas extraviadas o destruidas en casos de corrupción vinculados al PSOE no ha pasado desapercibida. Desde los discos duros del caso Bárcenas hasta las incidencias en el caso Koldo, el patrón se repite: cuando la investigación apunta hacia el partido en el poder, las pruebas tienden a desaparecer o a sufrir "errores" procesales.
Reacciones y acusaciones cruzadas
El eco en los análisis ha sido inmediato. Por un lado, se señala a la propia Policía Nacional como responsable directa de la sustracción, lo que pone en entredicho la imparcialidad de los cuerpos de seguridad. Por otro, se apunta a una estrategia deliberada de obstrucción a la justicia desde las esferas políticas. La frase "nos gobierna la mafia" ha resonado con fuerza, mientras que otros recuerdan que este tipo de incidentes no son exclusivos de un solo partido.
Mientras tanto, el fiscal general del Estado ha premiado con un ascenso a la fiscal que archivó la investigación del rescate de Plus Ultra, y el Gobierno cesó al técnico que denunció la trama Koldo. La coincidencia temporal alimenta las sospechas de que la maquinaria institucional se pone al servicio de la protección de los implicados.
Un precedente peligroso
La desaparición de los móviles no es un hecho aislado. Incendios en juzgados, drogas que menguan en depósitos judiciales y expedientes que se traspapelan forman parte de un catálogo de incidentes que, vistos en conjunto, dibujan un paisaje de impunidad. La pregunta que queda en el aire es si estas "casualidades" seguirán repitiéndose o si, esta vez, la justicia conseguirá llegar hasta el final sin que las pruebas se esfumen.
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