Pensiones suben 72%, salarios 4%: el desajuste que nadie corrige
Las pensiones de jubilación en España han acumulado un incremento del 72% desde 1995; los salarios, apenas un 4%. La cifra, que parece un error de redondeo, está respaldada por los datos oficiales y coloca a nuestro país en una posición singular: según el Financial Times, España es el único país de las diez mayores economías de la UE donde la renta mediana de los mayores de 65 años supera a la de la población en edad de trabajar.
La mecánica de la divergencia
Las pensiones se revalorizan por ley, vinculadas al IPC o al gasto en pensiones, mientras que los salarios dependen de la productividad y la negociación colectiva. La diferencia es brutal. En 1995, el salario medio rondaba los 15.000 euros anuales; en 2025, unos 28.000 euros. Pero al descontar la inflación real –no la oficial maquillada– el poder adquisitivo de los trabajadores se ha estancado. Mientras, la pensión media ha pasado de unos 600 euros mensuales a más de 1.100, con revalorizaciones automáticas que han blindado a los jubilados frente a la pérdida de poder de compra.
El elefante en la habitación: el sesgo funcionarial
Hay quien señala que el 95% de las pensiones máximas las cobran funcionarios, y que la pensión media de este colectivo (2.250 euros) duplica a la del régimen general (1.450 euros). Esto distorsiona los promedios: la fotografía general oculta que el trabajador medio de la empresa privada ha perdido terreno incluso frente a la inflación real. Además, el salario medio agregado está inflado por los sueldos públicos, y si se aislara solo el sector privado, la subida del 4% se quedaría en terreno negativo.
La sostenibilidad en la cuerda floja
El sistema de pensiones español se sostiene sobre las cotizaciones de los trabajadores activos. Con una población envejecida y salarios deprimidos, la ecuación es insostenible a medio plazo. Ya hay quien advierte de que la solución no pasa por recortar pensiones, sino por subir salarios de forma estructural –algo que llevamos tres décadas sin conseguir. Mientras tanto, el debate queda encerrado en una pugna tramposa: enfrentar a jóvenes y jubilados, cuando el verdadero problema es un modelo productivo que no genera valor añadido.
La pregunta abierta es: ¿cuánto tiempo más podrá mantenerse esta divergencia sin que el sistema salte por los aires, o sin que la conflictividad social derive en un ajuste traumático?