La mirada lasciva como acoso: el nuevo frente laboral
Los informativos de Telecinco han rescatado una cuestión que lleva años cocinándose: la consideración de la “mirada lasciva” como acoso laboral. La noticia, comentada en círculos de análisis económico y jurídico, ha reabierto una brecha que no es menor: ¿dónde acaba la libertad de mirar y empieza la responsabilidad penal? La pregunta incomoda a más de un directivo.
Del Código Penal al protocolo: dos acosos distintos
La clave táctica está en la dualidad normativa. En España conviven dos regímenes de acoso sexual: el delincuencial, tipificado en el Código Penal, que exige una solicitud reiterada de favores sexuales y un entorno hostil; y el administrativo, que nace de las leyes de igualdad aprobadas a partir de la era Zapatero, sobre todo desde 2007. Este segundo no requiere condena penal: basta que la conducta sea considerada indeseada por la empresa, con su propio comité de garantías.
La consecuencia es que una misma conducta puede no ser delito y, aun así, destruir una carrera. No es una hipótesis teórica: los tribunales de lo social han ido perfilando qué comportamientos integran el acoso, con criterios que a menudo dependen de la percepción subjetiva de la víctima. Algunas corrientes señalan que la vaguedad del término “lascivo” entrega a los jueces un poder interpretativo desmesurado.
¿Cómo se demuestra una mirada?
La pregunta incómoda es precisamente la prueba. Cuando el acoso se basa en una mirada, la materialidad del hecho se reduce a la interpretación de las partes. Para unos, existe una diferencia clara entre un vistazo y una mirada insistente, cargada de connotación sexual; para otros, el criterio es puramente subjetivo y abre la puerta a denuncias sin más respaldo que la palabra.
En este punto aflora otra paradoja: si la ley protege a la mujer cuando percibe un ambiente hostil, también podría protegerse al hombre que se sienta objeto de la misma mirada. La discusión llega a extremos casi de farsa cuando se ironiza sobre la posibilidad de denunciar a quien mira con deseo. Pero la realidad jurídica es que el acoso de naturaleza sexual no entiende de géneros, lo que complica aún más los protocolos.
El coste de la ambigüedad para las empresas
La indefinición tiene efectos económicos. Las empresas se han visto obligadas a implementar protocolos antiacoso, formación obligatoria y canales de denuncia. Todo eso tiene un coste. Pero el coste más alto quizá sea el de la prevención excesiva: empleados que evitan el contacto visual, reuniones en grupo para no quedar a solas, y un clima de desconfianza que no se mide en el balance pero que pasa factura a la productividad.
No es exagerado hablar de un nuevo sector nacido al calor de la prevención. Consultoras especializadas, abogados laboralistas y expertos en compliance han encontrado un nicho en la gestión de la “cultura corporativa”. La ambigüedad normativa es, paradójicamente, el mejor cliente de esta industria.
La ventana de Overton y el pulso cultural
Entre los análisis más citados en la discusión está el concepto de ventana de Overton: lo que hoy se debate como aceptable, mañana se normaliza como delito. La mirada lasciva sería el penúltimo escalón de una escalada que ya ha incluido el piropo, el comentario o el contacto casual. Quienes se oponen a esta deriva sostienen que se está criminalizando la interacción humana básica; quienes la defienden, que el consentimiento y el respeto no son negociables.
La referencia a la reforma de la ley del solo sí es sí no es casual: los cambios en el tipo penal de agresión sexual han alterado las penas en un sentido que muchos consideran regresivo. La cuestión, en cualquier caso, sigue viva y sin resolución.
A la fecha de esta discusión no hay un pronunciamiento unánime sobre qué debe entenderse por mirada lasciva a efectos laborales. Los tribunales resuelven caso por caso, las empresas actualizan protocolos y los trabajadores aprenden a mantener la vista baja. Mal asunto para la comunicación humana, espléndido para los abogados.