Difamar a los jueces, primer mandamiento del sanchismo (Editorial de El ABC)

Difamar a los jueces, primer mandamiento del sanchismo​

18/09/2026

Editorial-ABC​

• En ningún caso, los ministros de un gobierno sometido a una constitución que consagra la separación de poderes tienen legitimación ni excusa para atacar a los tribunales de justicia

La política de insultos y descalificaciones a los jueces y al Poder Judicial está en el origen de esta legislatura, que no se entiende sin la adhesión del PSOE a las denuncias, tan falsas como burdas, contra el ‘lawfare’ lanzadas por los partidos independentistas catalanes, cuyos líderes fueron condenados o procesados por el llamado ‘procés’. La investidura de Pedro Sánchez se logró por un consenso entre izquierdas y separatistas de que este era el tiempo adecuado para desarticular los poderes independientes del Estado y de la sociedad. Desde que Sánchez accedió a la Moncloa cualquier manifestación de crítica periodística o de corrección judicial fue respondida con la etiqueta de ser producto de la «máquina de fango», «fachosfera» o «reaccionarios con toga». Al principio de esta legislatura moribunda, las agresiones verbales procedían básicamente de los socios separatistas y de extrema de izquierda del Gobierno, como ejecución de un reparto de papeles que permitiera a Sánchez recoger nueces del árbol que otros zarandeaban.

El salto cualitativo del ataque al Poder Judicial se produjo en cuanto quedó incorporado al discurso de supervivencia de Pedro Sánchez. Condenados su hermano, su fiscal general, su ex secretario de organización del PSOE; y procesado otro de sus secretarios de organización, investigado su partido por financiación ilegal y puesto bajo escrutinio de la Justicia sus trampas de leguleyos, como la instrucción para repartir votos por medio mundo, era el tiempo de lanzar en picado a sus ministros menos valiosos y más desprestigiados para atacar a los jueces. Óscar Puente, ministro de Transportes, ha elegido cómo quiere ser recordado y trabaja duro para que así sea: un activista disfrazado de ministro, un resentido perdedor de su alcaldía, cuya única misión en esta vida es la de degradar cuanto pueda la vida pública. Insulta a los jueces desde hace tiempo, pero ahora lo hace al servicio de una estrategia de deslegitimación, que solo consigue prestigiar a los jueces insultados. Los magistrados del Supremo «bailan al son de Díaz Ayuso», en el juicio a García Ortiz. El Partido Popular «subcontratan la oposición a los jueces». La juez María Tardón, que investiga la oleada turística de Ceuta con el apoyo de la Fiscalía, tiene una «imparcialidad dudosa» porque fue, hace muchos años, concejal del PP. Imparcialidad que no se duda de Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado con Zapatero y presidente del Tribunal Constitucional, por poner un ejemplo. Puente tiene ayuda, porque ya empieza mostrar síntomas de irrelevancia, aunque su binomio, otro Óscar, López, nunca ha superado el perfil plano y no lo supera cuando tacha a los magistrados del Supremo de «salvapatrias» y de «lobos solitarios» –como unos yihadistas– y de estar cumpliendo la orden de Aznar de que «el que pueda hacer, que haga».

En ningún caso, los ministros de un gobierno sometido a una constitución que consagra la separación de poderes, del que deriva el respeto a la independencia de los jueces, tienen legitimación ni excusa para atacar de manera tan rabiosa a los tribunales de justicia. Y si lo hacen, se hacen ilegítimos ellos mismos en su función pública. Una vez más, hay que recordar a la fiscal General, Teresa Peramato, que la Constitución le ordena «velar por la independencia de los Tribunales». Artículo 124.1, por si no lo conoce.

Nota del machaca copiapega: me gusta el detalle del redactor de dejar lo de fiscal en minúscula.

Y porque no se va a poder cuestionar al poder prevarícacional?