La doble vara de la intervención de la gasolina: de dictadura a lucha anticártel
Imaginen la escena: el presidente del Gobierno convoca a los dueños de gasolineras y les exige bajar los precios. Si se resisten, amenaza con medidas coercitivas. Para unos es una dictadura bolivariana; para otros, una batalla contra los oligopolios que exprimen al consumidor. La diferencia está en quién, y no en qué, manda el mensaje.
El debate virtual que ha circulado estos días demuestra hasta dónde llega la politización de la política económica. Un mismo acto —la intervención directa en el precio de los carburantes— es interpretado como marxismo cultural si lo hace Sánchez, o como lucha democrática contra el cártel si lo hace Trump. La ironía no escapa a los observadores: la etiqueta cambia, el contenido apenas varía.
Más allá del ruido, hay un dato que descoloca: más de la mitad del precio de la gasolina son impuestos. Intervenir sobre el precio final es, en buena medida, discutir la propia fiscalidad del combustible. Quien critica la intervención por bolivariana quizá debería preguntarse si prefiere que sea el mercado o el Estado quien decida sobre esos márgenes impositivos.
La pregunta incómoda sigue sobre la mesa: ¿es la intervención buena o mala en sí misma, o depende del color del que ordena? El dato de que los impuestos suponen más del 50% del precio añade un matiz que ningún análisis binario debería ignorar.