El 79% de los menas de Extremadura resultan ser adultos tras hacérseles las pruebas de edad

El 79% de los 'menas' en Extremadura eran adultos según las pruebas forenses​

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha revelado en la Asamblea regional que de las 329 pruebas de edad realizadas por el Servicio Extremeño de Salud, un 79% determinó que los migrantes eran claramente mayores de edad. El dato, que se desconocía hasta ahora, implica que 260 personas ocupaban recursos destinados a menores. La cifra pone sobre la mesa el coste económico de un sistema que, según se argumenta, está diseñado para un perfil de usuario distinto al real.

El coste de un chiringuito administrativo​

La gestión de los centros de acogida ha sido señalada como un foco de gasto descontrolado. Algunos análisis apuntan a que los precios de alquiler de los inmuebles y los salarios de los trabajadores están inflados, y que parte de esos fondos acaba en manos de políticos locales. En Cataluña se han detectado patrones similares, lo que sugiere que el problema no es exclusivo de Extremadura.

El debate sobre la fiabilidad de las pruebas​

Mientras la presidenta Guardiola defiende las pruebas forenses como herramienta objetiva, hay voces que sostienen que la apariencia física debería bastar para considerar a alguien menor. Sin embargo, los datos de las pruebas —que, según el Gobierno extremeño, cuentan con el aval de la Fiscalía— indican que la mayoría de los que se declaran menores son en realidad adultos. La discrepancia entre la percepción y la evidencia forense es el núcleo de una polémica que no termina de resolverse.

Con estos números, la presión sobre los servicios sociales de Extremadura se dispara. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más se sostendrá un sistema que, según los datos, está siendo utilizado de forma masiva por personas que no cumplen los requisitos.