El ciudadano flamenco vejado para hablar catalán no acepta un acuerdo y lleva a dos guardias civiles a juicio

Dos guardias civiles, a juicio en 2026 por un control en El Prat​

¿Cuánto tarda un ciudadano en sentarse frente a dos agentes de la Guardia Civil a los que acusa de haberle vejado? En este caso, siete años. Kris Charlier, vecino de origen flamenco de Bigues i Riells (Barcelona), ha rechazado llegar a un acuerdo con los dos agentes y el asunto acabará finalmente en la Audiencia de Barcelona. La fecha señalada: marzo de 2026.

Los hechos se remontan a la madrugada del 9 de diciembre de 2019. Charlier pasaba el control del aeropuerto de El Prat para volar a Bruselas. En el arco de seguridad, un agente le preguntó qué llevaba bajo el jersey. Era una bolsa de estómago derivada del cáncer de colon que había sufrido. Pidió no mostrarla en público. El agente avisó a la Guardia Civil.

Qué pasó en la sala del aeropuerto de El Prat​

Según el relato que sostiene la acusación, los dos agentes le hicieron mostrar la bolsa delante de más personas y lo condujeron a una sala. Allí, Charlier se dirigió a ellos en catalán. Los agentes, siempre según esta versión, le exigieron que hablara en lengua castellana. Uno de ellos sentenció: «Este hoy no vuela». Charlier les explicó que se expresa mejor en catalán y que vive en Bigues i Riells.

La disputa no terminó ahí. Los agentes, sostiene la acusación, le impusieron una denuncia por alteración del orden. Ya dentro del avión, lo hicieron bajar por esa denuncia. Perdió el vuelo.

Del archivo a la reapertura: el calendario judicial del caso​

El primer juzgado instructor, el de L'Hospitalet de Llobregat, archivó la denuncia. La sección 7ª de la Audiencia de Barcelona revisó el caso en abril de 2022 y ordenó reabrir la causa. El tribunal calificó la actuación policial de «desproporcionada» y describió como «curioso» que uno de los agentes alegara que hablaba inglés o francés, pero no catalán, «una de las lenguas cooficiales» del Estado.

La sección 8ª ha sido la encargada de poner fecha al juicio. Charlier acusa a los dos guardias de un delito contra la integridad moral y de falsedad documental, por las que considera denuncias falsas. La conformidad que se le ofreció no prosperó. Nadie mueve ficha.

Por qué la Fiscalía de Delitos de Odio se queda fuera​

Hay un matiz incómodo para la acusación. La Fiscalía de Delitos de Odio no acusa a los dos agentes. Su argumento: «no ha quedado acreditado» que dieran un trato discriminatorio y degradante a Charlier ni que le exigieran hablar en castellano. El proceso avanza, por tanto, por la vía de la acusación particular.

Ahí entra en juego Plataforma por la Lengua, que al conocer el caso asumió sufragar todo el proceso judicial. Sin ese respaldo, es razonable dudar de que la causa hubiera sobrevivido siete años de archivos, recursos y señalamientos.

La lengua como frontera: lo que se discute de fondo​

El caso es un ejemplo de libro de dos debates que llevan décadas sin cerrarse. El primero es el de la lengua en los servicios públicos: ¿tiene la Guardia Civil obligación de atender en catalán, cooficial en Cataluña? Una corriente sostiene que un agente destinado en territorio con dos lenguas oficiales debería poder entenderse en ambas; en contra pesa el argumento de que el Estado no exige ese conocimiento y que en aeropuertos y fronteras lo que prima es la seguridad.

El segundo debate es el de la identidad. Que el denunciante sea de origen flamenco, y no catalán de cuna, descoloca a más de uno. El trato por la lengua no distingue pasaportes, y eso rompe el molde de un conflicto habitualmente pintado en clave nacional.

Hay una anécdota reveladora: el propio titular que dio origen al caso hablaba de un «ciudadano flamenco», expresión que levantó ampollas. Flandes es una región de Bélgica, no un Estado, de modo que la ciudadanía flamenca, en sentido estricto, no existe. El detalle, puramente lingüístico, resume el enredo: hasta el vocabulario del caso genera disputa.

El eco del caso: lenguas, agravios cruzados y demografía​

Casos así funcionan como caja de resonancia de agravios acumulados. Una parte del análisis sostiene que existe discriminación sistemática contra quienes usan el catalán ante la administración estatal. Otra defiende justo lo contrario: que el castellano es la lengua común y que exigirla en un control no constituye agravio alguno. Y una tercera mezcla la lengua con la demografía, el saldo migratorio y las políticas de población de las últimas décadas, un terreno donde abundan las afirmaciones sin respaldo que conviene tratar con pinzas.

Lo único verificable, de momento, es el expediente. Dos agentes imputados, un pasajero que perdió su vuelo y una causa que un tribunal superior ya describió como desproporcionada en su origen.

¿Por qué un control rutinario acaba siete años después en la Audiencia?​

Porque la justicia camina despacio y porque la calificación de los hechos cambió. Un archivo en un juzgado de instrucción se transformó en una causa reabierta por una audiencia provincial que no vio tolerable el procedimiento. Cuando un tribunal superior corrige a un instructor y tilda la actuación de «desproporcionada», el asunto deja de ser una anécdota administrativa.

Queda por ver si el juicio confirma esa lectura o la desmiente. El tribunal escuchará a dos guardias y a un viajero que se quedó en tierra. Siete años después, un control de seguridad de madrugada sigue sin sentencia: la maquinaria judicial, impecable, cumple plazos con la puntualidad de quien no tiene prisa alguna.