El congreso de los diputados aprueba hoy el rescate de correos con 3.000 millones de €

Correos recibe 3.000 millones mientras incumple las notificaciones​

El Congreso aprueba una inyección de 3.000 millones de euros para Correos en cuatro años, una cifra que supera con creces los 1.200 millones de pérdidas acumuladas durante la etapa del anterior presidente, Juan Manuel Serrano. La medida, incluida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias mediante una enmienda pactada por PP y PSOE, llega en un contexto de caos operativo: retrasos en las entregas, notificaciones que se tramitan como avisadas sin intento de entrega y oficinas desbordadas. El rescate se reparte entre 1.600 millones para el Servicio Postal Universal y el SIEG, y 1.400 millones para prejubilaciones y convenio colectivo. El objetivo es reducir el coste de personal del 90% al 70% de los ingresos.

Un rescate que llega siete meses tarde​

El presidente de Correos, Pedro Saura, tenía el visto bueno del Gobierno desde diciembre para recibir la inyección, pero ha sido en julio cuando se ha concretado en el plano legislativo. La compañía acumula pérdidas de más de 1.200 millones de euros de la época de Juan Manuel Serrano, el anterior presidente y amigo de Sánchez. El reparto de los 3.000 millones es el siguiente: 1.600 millones –400 al año– para sufragar el Servicio Postal Universal (SPU) y el SIEG (Servicios de Interés Económico General), y 1.400 millones para el nuevo convenio colectivo y el plan de prejubilaciones.

Con este nuevo marco, el Estado destinará al SPU 250 millones de euros anuales, frente a los 114 actuales, según fuentes sindicales. Es un aumento significativo, aunque en Francia o Italia las empresas encargadas de este servicio reciben alrededor de 500 millones. La comparación no es baladí: España sigue muy por debajo de sus vecinos en financiación del servicio postal universal.

El coste de personal se come el 90% de los ingresos​

El foco está en la reestructuración de la plantilla. Su coste supone ahora el 90% de los ingresos de la compañía, y el objetivo es bajarlo al 70% para que la empresa pueda ser viable. Una vez encarrilada la recolocación de los 800 trabajadores de los centros nodales –inventados por Serrano y que provocaban 36 millones de pérdidas anuales–, la compañía abordará el plan de prejubilaciones y salidas voluntarias, que previsiblemente empezará a estudiarse a partir de la segunda semana de septiembre, según fuentes sindicales. La idea es que salgan alrededor de 7.000 empleados de los 47.000 que actualmente tiene Correos.

La empresa es la séptima por número de trabajadores en España, con 48.000 empleados, solo por detrás de Mercadona (99.000), El Corte Inglés (81.000), ACS (77.000), ONCE (72.000), Mondragón (70.000) y FCC (49.000). Un dato que revela su peso como empleador público y su dependencia de los Presupuestos Generales del Estado.

Notificaciones que se tramitan como avisadas sin intento de entrega​

El Sindicato Libre ha constatado en Madrid que «se están tramitando como avisadas numerosas notificaciones sin que se haya realizado el intento de entrega en el domicilio del destinatario. Se registra en el sistema que la notificación ha sido notificada con un aviso dejado en el domicilio, cuando en realidad la notificación no ha salido de la unidad ni se ha realizado desplazamiento alguno. Posteriormente, los avisos son depositados en los buzones por personal distinto, simulando un procedimiento que nunca se ha llevado a cabo».

Esta práctica vulnera el artículo 42.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que exige dos intentos de notificación en el domicilio, en días y horas diferentes, antes de considerar la notificación no entregada y dejar aviso. La normativa interna y el Manual Operativo de Correos establecen que cada intento debe ser personal y presencial, quedando registrado de manera veraz. El sindicato señala además que se están utilizando usuarios y contraseñas corporativas de trabajadores sin su consentimiento para registrar actuaciones no realizadas, lo que constituye una infracción muy grave de seguridad de la información.

En el sindicato creen que estas actuaciones suponen falsedad documental y suplantación de identidad (artículos 390 y siguientes del Código Penal y artículo 197 sobre protección de datos) y una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores (artículo 18 de la Constitución y Estatuto de los Trabajadores). Advierten de que la continuidad de estas prácticas «afecta a la fe pública y puede derivar en la nulidad de notificaciones, responsabilidad disciplinaria y penal, y es un grave perjuicio tanto para la reputación de Correos como para la seguridad jurídica de sus actuaciones».

¿Por qué se rescata a Correos y no se privatiza?​

El debate sobre la privatización planea sobre el rescate. Hay quien sostiene que Correos debería seguir el camino de Royal Mail en Reino Unido, que multiplicó por 19 su beneficio en su primer semestre hasta 321 millones de euros. Otros argumentan que el servicio postal universal obliga a repartir en toda España, incluso en pueblos donde no es rentable, y que ninguna empresa privada asumiría ese coste sin subvención. La comparación con el ferrocarril surge con frecuencia: un servicio público que requiere financiación estatal para operar en territorios no rentables.

La experiencia de los usuarios apunta a un deterioro del servicio. Un residente a 35 kilómetros de Barcelona relata que el cartero reparte como mucho una vez por semana y que las cartas suelen llegar con un mes de retraso, a veces hasta cuatro o cinco meses. Los certificados nunca se entregan en mano: aunque esté en casa, le dejan el papelito por debajo de la puerta para que los recoja en la media hora que abre la oficina del pueblo tres días por semana. Muchos certificados llegan con el plazo ya vencido, lo que le ha obligado a activar las notificaciones electrónicas.

El verano de 2023 y el fantasma del colapso​

El verano de 2023, el último de Juan Manuel Serrano al frente de la compañía, fue especialmente caótico, pero la situación puede volver a reproducirse este verano con un presidente distinto al mando. La llegada de Pedro Saura ha puesto algo de orden, pero los sindicatos alertan de que la correspondencia se acumula en las oficinas y se producen retrasos en las entregas, algo especialmente preocupante en el caso de las notificaciones, que pueden pasarse de plazo. El Sindicato Libre pide que se paralicen estas prácticas, se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades.

La paradoja es que Correos, fundada en 1716 como empresa estatal, nunca había entrado en quiebra ni tenido que ser rescatada en más de 300 años de historia. Ha sido en la última década cuando ha acumulado pérdidas millonarias y ha requerido inyecciones de dinero público. El servicio postal universal, que garantiza que los envíos lleguen a toda España, se ha convertido en una carga insostenible sin una financiación adecuada.

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El rescate de Correos es un parche financiero que no resuelve el problema de fondo: una empresa con 47.000 empleados, un coste de personal que se come el 90% de los ingresos y un servicio que incumple la ley en materia de notificaciones. La inyección de 3.000 millones permitirá pagar prejubilaciones y mantener el servicio postal universal, pero no aborda la falta de competitividad ni la obsolescencia del modelo. Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando cartas que no llegan y notificaciones que se tramitan como avisadas sin haber salido de la oficina.