El Congreso retira a Vito Quiles la credencial de prensa definitivamente.

El Congreso retira para siempre la credencial de prensa a Vito Quiles​

¿Se puede dejar a un informador sin acceso al Congreso? Sí, y acaba de pasar. La Mesa de la Cámara ha acordado este martes retirar de forma permanente la credencial de prensa a Vito Quiles, trabajador de EDATV que ya arrastraba una suspensión temporal. El motivo oficial: la acumulación de infracciones graves. Se trata de la primera vez que el órgano rector de la actividad parlamentaria aplica la sanción máxima que contempla el Reglamento desde su reforma en julio del año pasado.

Qué cambia cuando se retira la credencial a un periodista​

Hasta ahora el castigo era provisional. Ahora es definitivo, y esa diferencia importa: la suspensión se levanta con el tiempo, la retirada permanente no. La credencial es el papel que habilita a moverse por las zonas de trabajo de la Cámara, así que el afectado queda fuera de los pasillos donde se pregunta, se escucha y se incomoda.

La decisión no nace de un episodio aislado, sino de un expediente acumulado. El Reglamento reformado el pasado julio introdujo ese escalón máximo, y hasta esta semana nadie lo había pisado. Que el primer caso recaiga sobre una figura tan identificada con el periodismo de provocación no ayuda a que la medida se lea solo en clave administrativa.

¿Periodismo incómodo o espectáculo rentable?​

Aquí el consenso se rompe. Una parte del análisis sostiene que incomodar al poder es exactamente lo que debería hacer un informador, y que retirarle el acceso es castigar la molestia y no la falta. Otra corriente, igual de firme, responde que una credencial no es un salvoconducto para el monólogo y que confundir provocación con periodismo acaba desgastando la propia herramienta.

Hay incluso quien duda del rendimiento del método: si el objetivo es mover votos y no lo consigue, el ruido sale caro. La pregunta de fondo —quién vigila al vigilante cuando el vigilante hace espectáculo— queda sin cerrar.

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Entre los episodios que se le atribuyen figura el de abordar a familiares de José Luis Rodríguez Zapatero para preguntarles por unos pagos procedentes de Venezuela, en un contexto en el que, según las informaciones difundidas, habrían sido citadas judicialmente. El propio Quiles publicó el encuentro.

Así que ya saben: en España la máxima sanción parlamentaria existe desde julio y ha tardado menos de un año en estrenarse. Todo un récord de eficiencia normativa, oiga.