El Congreso dice no: se acaba la moratoria antidesahucios y la plusvalía exprés
El 27 de enero de 2026, el Congreso tumbó el decreto ómnibus que incluía la prórroga de la moratoria antidesahucios y la llamada 'nueva' plusvalía municipal. El rechazo, impulsado por PP, Vox y Junts, deja a miles de inquilinos sin el escudo que les protegía desde la pandemia, mientras el precio de la vivienda sigue por las nubes. La paradoja: las mismas fuerzas que votaron 'no' llevan meses denunciando la crisis habitacional, pero ahora se niegan a prorrogar una medida que, aunque imperfecta, frenaba los lanzamientos.
¿Quién paga el pato?
El debate se centró en quién debe cargar con el coste de la emergencia habitacional. Por un lado, quienes defienden al propietario: argumentan que la moratoria convertía a los particulares en escudo social del Estado, y que los okupas profesionales se aprovechaban del sistema. "El propietario no puede ser el escudo social del Estado", sentenciaba un análisis recurrente. Frente a ellos, los partidarios de mantener la protección señalaban que la salida masiva de inquilinos a la calle solo engordará las listas de los albergues, ya saturados, y que el verdadero problema es la falta de oferta de vivienda asequible.
La inmigración irregular apareció como telón de fondo. La regularización de 500.000 personas, con posibilidades de reagrupación familiar que duplicarían la cifra, se esgrimió como argumento para justificar el rechazo: más demanda sobre un parque de vivienda ya tensionado. "Con arreglar un par de puntos de esa lista se avanzaría bastante. No se hace nada porque interesa la situación que se está viviendo", resumía una de las intervenciones, citando la necesidad de limitar la inmigración, liberalizar suelo y construir vivienda social.
Datos que invitan al escepticismo
Aunque la moratoria caía, nadie daba por cerrado el tema. Varios comentarios anticipaban que el Gobierno intentaría resucitarla mediante un nuevo decreto, posiblemente vinculado a la "guerra de Irán" o cualquier excusa que permita aprobarlo por la vía de urgencia. La estrategia de los decretos ómnibus, mezclando medidas dispares para forzar el apoyo, se consideraba un truco viejo que esta vez no coló.
La pregunta que flota en el ambiente es si habrá una solución real o simplemente un nuevo parche. Mientras tanto, los propietarios recuperan herramientas legales para desahuciar, y los inquilinos vulnerables se enfrentan a un mercado que no da tregua.
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