El negocio de las gasolineras: márgenes ajustados y fiscalidad asfixiante
Un empresario con siete estaciones de servicio ha puesto sobre la mesa los números de su negocio, desmontando la percepción de que vender carburante es un chollo. Según sus cálculos, el margen bruto por litro de gasolina oscila entre los 0,10 y los 0,25 euros, lo que supone entre un 5% y un 10% de la facturación total. Con un precio medio de 1,30 euros por litro en las low cost, el beneficio neto tras impuestos, salarios, mantenimiento y amortizaciones se reduce a unos escasos 0,05 euros por litro.
El dato más llamativo no es el margen, sino la carga impositiva: del precio final, más de la mitad son impuestos. Si el litro sin impuestos cuesta 0,70 euros y el consumidor paga 1,40 euros, el gravamen real es del 100% sobre el precio base, no un 55% como suele repetirse. Esta fiscalidad convierte a los gasolineros en meros recaudadores para el Estado.
Márgenes reales: el mito del pelotazo
El argumento recurrente de que «si no fuera rentable, no tendría siete gasolineras» choca con la realidad de un negocio de alta rotación y bajos márgenes. Una gasolinera pequeña almacena unos 6.000 litros; con un margen bruto de 0,10 euros por litro, cada reposición de depósito (un camión cisterna de 24.000 litros) deja entre 2.400 y 6.000 euros de beneficio bruto, pero de ahí hay que descontar gastos de personal –una estación puede requerir hasta tres empleados–, electricidad, mantenimiento, impuestos de sociedades y la inversión inicial. Las gasolineras low cost, sin tienda ni servicios, minimizan costes pero compiten agresivamente en precio.
La tendencia a la concentración es inevitable: el propietario admite que empezó con una gasolinera, luego otra, y al final se ve abocado a una «huida hacia adelante» en la que solo creciendo se puede mantener la rentabilidad. Cada nueva estación aporta menos margen unitario, pero suma volumen. Algunos analistas comparan este modelo con el de los bares o las farmacias, donde parte del beneficio se obtiene de «mermas» no declaradas –un 3% estimado en el sector–, aunque las nuevas exigencias fiscales dificultan estas prácticas.
La fiscalidad como caballo de batalla
El debate sobre los impuestos es el más encendido. Por un lado, quienes defienden la alta tributación argumentan que la energía es un bien de primera necesidad y que los ingresos sostienen servicios públicos; además, señalan que el diésel profesional está subvencionado. Por otro, una corriente mayoritaria considera inasumible que el Estado se lleve más de la mitad del precio final, calificándolo de «saqueo» y de «Estado elefantiásico». La paradoja es que, pese a las quejas, las carreteras siguen llenas de coches, lo que indica que la demanda es inelástica.
Algunos forjadores de opinión apuntan que el verdadero negocio no está en el combustible, sino en los servicios asociados: tiendas, túneles de lavado, cafeterías. Sin embargo, las estaciones low cost que prescinden de estos extras demuestran que sí se puede sobrevivir solo con carburante, a costa de mínimos márgenes.
El futuro de un negocio en tensión
La pregunta que queda en el aire es si el modelo actual es sostenible a largo plazo. Con la electrificación del parque automovilístico avanzando lentamente, los márgenes seguirán comprimiéndose. El empresario que ha abierto la caja negra del sector no pide compasión, sino datos: su negocio factura 20 millones de euros, da empleo a 60 personas y, como cualquier otro, tributa por cada litro vendido. Al final, lo que el consumidor paga en el surtidor no refleja tanto el beneficio del gasolinero como la voracidad fiscal de un Estado que, según sus críticos, ha normalizado el expolio del contribuyente.
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