El estado policial español

España, 238.000 policías y un debate incómodo sobre el estado policial​

¿Cuánta fuerza pública necesita un país para que empecemos a llamarlo estado policial? La pregunta no es retórica. Los números manejados en el análisis más crudo son estos: 238.000 policías y guardias civiles, 120.000 militares y 100.000 vigilantes de seguridad en activo. Traducido a población, un agente por cada 197 españoles. Si se descuenta a los menores de 14 y los mayores de 65, la proporción sube a un efectivo por cada 134 habitantes. Hay quien los compara con la época franquista y saca conclusiones incómodas.

Las cifras del blindaje: 506 agentes por cada 100.000 habitantes​

La primera parada es el dato grueso.

• 238.000 policías y guardias civiles: 506 por cada 100.000 habitantes.
• 120.000 militares adicionales.
• 100.000 vigilantes de seguridad en activo, con 200.000 licencias expedidas por el Ministerio del Interior.
• Un policía o guardia civil por cada 197 habitantes; uno por cada 134 si se excluye a menores y jubilados.

Sobre esa base, una corriente concluye que España es un “estado militarizado-policial”, y añade un matiz: las licencias de seguridad privada las concede el propio Estado, lo que convierte a esos 200.000 vigilantes en una reserva potencialmente militarizable. La propuesta de sumar otros 1.000 agentes a la Policía Municipal de Madrid no ha hecho sino avivar el fuego. El coste de la plantilla municipal es, para muchos, dinero tirado: “no pegan palo al agua”, se dice.

Más policía, ¿menos delincuencia? El dato que no cuadra​

Aquí empiezan las contradicciones. Unos señalan que la criminalidad ha subido hasta un 20% anual en determinados delitos; otros sostienen que baja y que el refuerzo de efectivos busca otra cosa: prevenir la revuelta popular cuando el estado de bienestar ya no pueda repartir paguitas. Si la delincuencia cae, ¿por qué crece la plantilla? Si sube, ¿por qué se gastan miles de millones en un dispositivo que no lo evita? Ninguna de las dos respuestas es tranquilizadora.

El debate cruza además con la inmigración: hay quien la presenta como causa del repunte delictivo y quien la considera la excusa perfecta para ampliar el aparato de control. Lo único que se puede verificar es que los datos disponibles apuntan en direcciones opuestas.

La deriva tiene, además, su lado ideológico. Una corriente sostiene que el feminismo, el ecologismo o la defensa de los derechos de las minorías han sido cooptados por el poder y convertidos en coartada para ampliar el dispositivo represivo. Sería un patriarcado 2.0: más multas, más delitos nuevos, más vigilancia, con la misma estructura vertical de siempre.

La sombra de Franco y el artículo 55​

La comparación histórica es la más incómoda. Desde la muerte del dictador, la población penitenciaria se ha multiplicado por ocho; ajustado al crecimiento demográfico, por seis. Para una corriente, eso demuestra que el régimen constitucional de 1978 es más liberticida que el anterior. La otra responde que el franquismo reprimía más con menos efectivos, y que la diferencia está en la intensidad, no en el número de uniformes.

En medio, el artículo 55 de la Constitución: la suspensión de libertades en estados de excepción o sitio. Es la herramienta legal que, según esta lectura, convierte al ejército en garante de una dictadura de hecho si el parlamento decide activarla. No hace falta creerlo para entender por qué alguien lo cree.

Milicias, vigilance y el fantasma de la guerra​

Frente al monopolio estatal de la violencia, una minoría propone la solución radical: disolver el estado y armar al pueblo, con referencias a la Segunda República y lemas como “amor y falcata”. La respuesta contraria es previsible: el recuerdo de 1936, la guerra civil y el miedo a repetirla. La discusión termina donde empieza: en la confianza o desconfianza absoluta hacia quien lleva el arma.

Con estas cifras, cualquiera diría que España es un país peligrosísimo. O que el peligro, sencillamente, es otro.