Publicación de un listado de periodistas con sus afinidades políticas desde el Ministerio del Interior ¿Es legal?

¿Ministerio del Interior espiando periodistas? La ley dice NO

El tratamiento de opiniones políticas de ciudadanos es un dato especialmente protegido por ley. El Ministerio del Interior debe justificar legalmente cualquier recopilación de esta información.

El Ministerio del Interior ha estado en el ojo del huracán por la supuesta elaboración de un listado de periodistas con sus afinidades políticas. La cuestión no es baladí: ¿es legal que una administración pública compile y clasifique a profesionales de la información según su ideología? La respuesta corta, y que resuena con fuerza en los pasillos de la legalidad, es un rotundo no, al menos no "sin más". El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece una prohibición general para el tratamiento de datos personales que revelen las opiniones políticas de una persona. Esto no es un detalle menor; estamos hablando de información sensible, protegida con uñas y dientes por la normativa europea y española.

La ideología, un dato blindado

El artículo 9.1 del RGPD es bastante claro al respecto: está prohibido tratar datos personales que revelen las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos genéticos, biométricos, relativos a la salud o a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física. Esto significa que, a priori, cualquier intento de clasificar a alguien por su ideología política cae de lleno en esta prohibición. No se trata de una simple lista de contactos; el documento en cuestión, según lo que se ha publicado, incluía nombres, fotografías, medios de comunicación y valoraciones como "afín", "muy crítico", "izquierda/derecha", "defiende determinadas ideas", "tendencia ideológica" o "posición respecto al Gobierno". Toda esta información, al ser recopilada y analizada por la Administración, encaja prima facie con el tratamiento de datos relativos a opiniones políticas. Y ojo, no hace falta que el periodista haya declarado públicamente su militancia; si la Administración recopila información y elabora una valoración sobre su orientación política, ya está realizando un tratamiento de datos que puede quedar dentro del artículo 9 del RGPD.

La web no lo arregla todo

A menudo se cae en la confusión de pensar que, si la información está disponible en internet, ya no hay problema. El RGPD contempla una excepción cuando el propio interesado ha hecho manifiestamente públicos esos datos (art. 9.2.e). Pero esto no es una barra libre. La Administración, incluso si la información es pública, debe justificar la finalidad del tratamiento, la base jurídica que lo ampara, la proporcionalidad de la medida y el resto de requisitos del RGPD. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha dejado clara su postura al respecto. Ha abierto de oficio una investigación sobre el documento del Ministerio del Interior para analizar su naturaleza, alcance, utilización y base jurídica. Y ha recordado expresamente que el tratamiento de datos sobre ideología o opiniones políticas necesita una causa que levante la prohibición general del artículo 9.1. Es decir, la AEPD ve indicios suficientes como para investigar si el Ministerio tenía derecho a recopilar y clasificar esta información.

Un problema también constitucional

Más allá de la protección de datos, la Constitución española también pone límites claros. El artículo 16.2 establece que "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". Y el artículo 16.1 garantiza la libertad ideológica. A esto se suma el artículo 20, que protege expresamente la libertad de expresión y la libertad de información, prohibiendo la censura previa. Que un particular exprese públicamente una opinión sobre la ideología de un periodista es una cosa. Que un Ministerio del Gobierno de España mantenga un fichero de periodistas clasificados según su supuesta ideología y su actitud hacia el Gobierno es jurídicamente muy distinto. La Administración está sometida al principio de legalidad, lo que significa que no puede actuar arbitrariamente. La pregunta clave es: ¿qué norma autorizaba a la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior a recopilar y clasificar de esa manera las opiniones políticas de 281 periodistas? Esa es, precisamente, una de las cuestiones que la AEPD está investigando.

El perfil ideológico, la puntilla

Lo que hace este asunto especialmente delicado es que, según lo publicado, el documento no se limitaba a identificar periodistas para gestionar las relaciones con los medios. Incluía una especie de perfil ideológico y político individualizado. Esto cambia radicalmente la perspectiva. Una cosa es tener un listado de contactos para enviar notas de prensa, y otra muy distinta es elaborar un perfil detallado de las inclinaciones políticas de cada profesional. Y todavía más problemático sería si esa clasificación se utilizara para decidir a quién se invita a eventos, a quién se facilita información, a quién se concede acceso o cómo se gestiona la relación institucional. En ese escenario, no solo entraría en juego la protección de datos, sino también la libertad de información, el pluralismo y la prohibición de discriminación por opinión, tal como establece el artículo 14 de la Constitución.

A pesar de la gravedad de los indicios, es importante no adelantarse. No se puede afirmar categóricamente que se haya cometido un delito, ni que la mera elaboración del documento sea automáticamente ilegal. El RGPD contempla excepciones, y el Ministerio podría alegar una base jurídica. Lo que sí es seguro es que se trata de un tratamiento de datos personales especialmente protegidos, que la Administración debe acreditar una base jurídica específica para ello, y que la AEPD considera el asunto lo suficientemente relevante como para abrir una investigación. Incluso el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que defender el documento como un "documento de trabajo" y pedir disculpas, mientras que dirigentes del PSOE han mostrado su rechazo a la elaboración de listas ideológicas.

Si la pregunta es si el Ministerio del Interior puede elaborar y clasificar periodistas por su ideología "sin más", la respuesta es no. El RGPD parte de la posición contraria: el tratamiento de opiniones políticas está prohibido salvo que concurra una de las excepciones legalmente previstas. Ahora, la AEPD tendrá que determinar si el Ministerio puede demostrar esa base jurídica y si el tratamiento fue necesario, proporcionado y respetuoso con los derechos fundamentales. La parte más preocupante, más allá de saber quién es de izquierdas o de derechas —algo que puede deducirse de la actividad pública de cualquier periodista—, es que una Administración pública haya convertido esas apreciaciones en un fichero sistemático de personas identificadas individualmente y las haya clasificado según su ideología y su posición frente al Gobierno. Eso es lo que convierte este asunto en mucho más serio que una simple "lista de periodistas".

* Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): Norma europea que regula el tratamiento de datos personales.

* Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): Organismo público encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en España.

* 281 periodistas y colaboradores: Número de personas incluidas en el listado investigado por la AEPD.

* Artículo 9.1 del RGPD: Prohíbe el tratamiento de datos sobre opiniones políticas.

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