Sociedad: El Estado roba los niños a sus padres

El sistema de protección de menores, bajo acusación de robo de niños​

El sistema público de tutela de menores en España acumula denuncias de padres que aseguran haber perdido la custodia de sus hijos sin motivos claros, en un proceso que califican de "robo institucional". La activista Cristina Seguí ha reavivado el debate al denunciar que las consejerías de Igualdad actúan impregnadas de ideología de género, arrebatando niños a familias consideradas "no afines".

Pero la realidad es más compleja: los datos oficiales sobre retiradas de custodia son opacos, y los casos que saltan a la opinión pública suelen estar judicializados. Mientras, el discurso se polariza entre quienes exigen una auditoría del sistema y quienes defienden que la prioridad debe ser siempre la protección del menor.

La denuncia de Cristina Seguí y el premio a la controversia​

Seguí, conocida por su activismo provida, recibió un premio de la organización de Javier María Pérez Jordán por su labor de visibilización. En su discurso, afirmó que el sistema de tutela está "podrido" y que muchos padres se sientan solos e indefensos. Sus palabras han reabierto un debate incómodo sobre los límites de la intervención estatal en la familia.

Entre la protección y el abuso de poder​

Las estadísticas oficiales no reflejan con claridad cuántas retiradas de custodia se producen ni por qué causas. Organizaciones de padres denuncian falta de transparencia y un sesgo ideológico en los servicios sociales, mientras que los defensores del sistema recuerdan que los casos más graves —maltrato, abuso— justifican la intervención urgente.

El debate, lejos de cerrarse, se intensifica con cada nuevo testimonio. Sin una auditoría independiente que arroje luz sobre cifras y procedimientos, la sospecha seguirá alimentando posturas enfrentadas. El riesgo es que la crítica legítima se contamine con discursos radicales que solo aumentan la polarización.