En plena precampaña.
Los responsables de Función Pública han garantizado este martes a los sindicatos que, pese al adelanto electoral, aplicarán la subida salarial del 5% para más de tres millones de empleados públicos en 2027. Así lo han confirmado fuentes sindicales al término de la reunión mantenida entre los responsables gubernamentales y representantes de CC OO, UGT y CSIF. La subida fue comprometida en el último acuerdo del Gobierno con el colectivo, en noviembre de 2025.
No obstante, desde el Ministerio que preside Óscar López no han concretado a los sindicatos de la función pública cuándo aprobarán estas subidas, si antes o después de las elecciones del 29 de noviembre. Los incrementos salariales se materializarán en dos fases: la primera se aplicará desde el 1 de enero de 2027 y elevará los sueldos de todos los empleados públicos un 4,5%, tal y como quedó recogido en el último acuerdo plurianual para el periodo 2025-2028.
A esta subida, los empleados públicos sumarán en algún momento del primer trimestre de 2027 la revalorización del 0,5% correspondiente al desvío de la inflación de 2026. De hecho, esta actualización salarial, que deberá aplicarse de forma retroactiva desde el 1 de enero del presente ejercicio, ya quedó aprobada por el Gobierno y el Parlamento, y fue publicada en el BOE del 2 de diciembre de 2025.
En concreto, el Gobierno se comprometió en el citado acuerdo a incrementar un 0,5% las nóminas vigentes el 31 de diciembre de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, si el IPC de este año superaba el 1,5%. A falta de dos meses para concluir el año, ya es seguro que la inflación quedará muy por encima de esa cifra (en septiembre escaló al 4,9% y el promedio anual se espera que quede en el entorno del 3,5%). Pero el compromiso precisa que esta actualización se abonará a los empleados públicos “en el primer trimestre de 2027″, ya que el Ejecutivo debe esperar a que el INE confirme, a mediados de enero del próximo año, el IPC de diciembre.
Por ello, lo primero que harán los responsables de diseñar las nóminas de los empleados públicos es aplicar la subida del 4,5% para la nómina de enero. Más adelante aplicarán el 0,5% a las nóminas de diciembre de 2025 para, después, volver a recalcular todos los salarios resultantes con la subida del 4,5%.
Desde los sindicatos han exigido al Gobierno que aprueben este último incremento del 4,5% antes de las elecciones, y, en concreto, que lo hagan en alguno de los Consejos de Ministros que se celebrarán hasta el 24 de noviembre, fecha en la que se producirá la última reunión del Gabinete antes de las elecciones del 29-N. El objetivo es evitar los retrat que pueden producirse por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones, precisan desde CSIF.
El sindicato de funcionarios asegura que el Gobierno ha transmitido también que prepara una reforma para cesar a los gestores de Administraciones que abusen de la temporalidad en el sector público. Aunque esta novedad, y otras relacionadas con el problema del abuso de encadenamiento de contratos temporales en las Administraciones públicas, especialmente en las autonómicas, locales y universidades, no parece que pueda aprobarse en periodo electoral, según apuntan fuentes conocedoras de la oferta que ha hecho el ministerio. De hecho, el Ejecutivo está pendiente de que la Comisión Europea denuncie a España, en un procedimiento de infracción abierto, por no haber llevado a cabo una reforma que acabe con el abuso de la temporalidad en el sector público y fije sanciones que resarzan a los afectados de dicha situación abusiva.
CC OO y UGT han incidido asimismo en avanzar en la eliminación o modificación del actual modelo de tasa de reposición (que impide sustituir a todos los funcionarios que se jubilan); en la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio; y en la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior.
Las centrales han recordado igualmente que quedan aún compromisos pendientes de cumplir del anterior Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado solo por CC OO y UGT, como la implantación de la jubilación anticipada parcial para el personal funcionario y estatutario y la culminación de los trabajos sobre clasificación profesional. De momento, el Gobierno solo ha logrado aprobar, en julio pasado, la jubilación parcial del personal laboral de todas las administraciones públicas, pero no de los funcionarios. Dicho retiro estaba recogido en las enmiendas socialistas a la Ley de Función Pública que lleva más de dos años estancada en el Congreso. En esa norma en tramitación que ahora ha decaído, los socialistas también preveían permitir a los empleados públicos que estuvieran en activo, de forma voluntaria, hasta los 72 años.
Los responsables de Función Pública han garantizado este martes a los sindicatos que, pese al adelanto electoral, aplicarán la subida salarial del 5% para más de tres millones de empleados públicos en 2027. Así lo han confirmado fuentes sindicales al término de la reunión mantenida entre los responsables gubernamentales y representantes de CC OO, UGT y CSIF. La subida fue comprometida en el último acuerdo del Gobierno con el colectivo, en noviembre de 2025.
No obstante, desde el Ministerio que preside Óscar López no han concretado a los sindicatos de la función pública cuándo aprobarán estas subidas, si antes o después de las elecciones del 29 de noviembre. Los incrementos salariales se materializarán en dos fases: la primera se aplicará desde el 1 de enero de 2027 y elevará los sueldos de todos los empleados públicos un 4,5%, tal y como quedó recogido en el último acuerdo plurianual para el periodo 2025-2028.
A esta subida, los empleados públicos sumarán en algún momento del primer trimestre de 2027 la revalorización del 0,5% correspondiente al desvío de la inflación de 2026. De hecho, esta actualización salarial, que deberá aplicarse de forma retroactiva desde el 1 de enero del presente ejercicio, ya quedó aprobada por el Gobierno y el Parlamento, y fue publicada en el BOE del 2 de diciembre de 2025.
En concreto, el Gobierno se comprometió en el citado acuerdo a incrementar un 0,5% las nóminas vigentes el 31 de diciembre de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, si el IPC de este año superaba el 1,5%. A falta de dos meses para concluir el año, ya es seguro que la inflación quedará muy por encima de esa cifra (en septiembre escaló al 4,9% y el promedio anual se espera que quede en el entorno del 3,5%). Pero el compromiso precisa que esta actualización se abonará a los empleados públicos “en el primer trimestre de 2027″, ya que el Ejecutivo debe esperar a que el INE confirme, a mediados de enero del próximo año, el IPC de diciembre.
Por ello, lo primero que harán los responsables de diseñar las nóminas de los empleados públicos es aplicar la subida del 4,5% para la nómina de enero. Más adelante aplicarán el 0,5% a las nóminas de diciembre de 2025 para, después, volver a recalcular todos los salarios resultantes con la subida del 4,5%.
Desde los sindicatos han exigido al Gobierno que aprueben este último incremento del 4,5% antes de las elecciones, y, en concreto, que lo hagan en alguno de los Consejos de Ministros que se celebrarán hasta el 24 de noviembre, fecha en la que se producirá la última reunión del Gabinete antes de las elecciones del 29-N. El objetivo es evitar los retrat que pueden producirse por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones, precisan desde CSIF.
El sindicato de funcionarios asegura que el Gobierno ha transmitido también que prepara una reforma para cesar a los gestores de Administraciones que abusen de la temporalidad en el sector público. Aunque esta novedad, y otras relacionadas con el problema del abuso de encadenamiento de contratos temporales en las Administraciones públicas, especialmente en las autonómicas, locales y universidades, no parece que pueda aprobarse en periodo electoral, según apuntan fuentes conocedoras de la oferta que ha hecho el ministerio. De hecho, el Ejecutivo está pendiente de que la Comisión Europea denuncie a España, en un procedimiento de infracción abierto, por no haber llevado a cabo una reforma que acabe con el abuso de la temporalidad en el sector público y fije sanciones que resarzan a los afectados de dicha situación abusiva.
CC OO y UGT han incidido asimismo en avanzar en la eliminación o modificación del actual modelo de tasa de reposición (que impide sustituir a todos los funcionarios que se jubilan); en la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio; y en la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior.
Las centrales han recordado igualmente que quedan aún compromisos pendientes de cumplir del anterior Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado solo por CC OO y UGT, como la implantación de la jubilación anticipada parcial para el personal funcionario y estatutario y la culminación de los trabajos sobre clasificación profesional. De momento, el Gobierno solo ha logrado aprobar, en julio pasado, la jubilación parcial del personal laboral de todas las administraciones públicas, pero no de los funcionarios. Dicho retiro estaba recogido en las enmiendas socialistas a la Ley de Función Pública que lleva más de dos años estancada en el Congreso. En esa norma en tramitación que ahora ha decaído, los socialistas también preveían permitir a los empleados públicos que estuvieran en activo, de forma voluntaria, hasta los 72 años.